Objetivos medioambientales y social: las otras taxonomías europeas

La taxonomía ‘verde’ europea se ha convertido en un hito, pero que sigue en desarrollo y que no se va a quedar sola. La institución que asesora a la Comisión Europea, la Plataforma de Finanzas Sostenibles, acaba de lanzar a consulta pública sendos documentos para la ampliación de la taxonomía sostenible de forma que fomente la transición energética y el desarrollo de la taxonomía social, con el que se da un paso más en el desarrollo regulatorio alrededor de la sostenibilidad. El organismo acepta comentarios hasta el próximo 27 de agosto.

La Plataforma de Finanzas Sostenible, en la que participan varios expertos españoles como Helena Viñes (CNMV), Roberto Fernández Albendea (Iberdrola), Garbiñe Manterola (Basque Research & Technology Alliance) o Bernabé Alonso Fariñas (Universidad de Sevilla), presentará a la Comisión Europea una versión final el próximo otoño tras recibir los comentarios de esta consulta.

La Plataforma presentará en otoño su propuesta final, que se incluirá en el informe de la Comisión

Ambas taxonomías se consideran un pilar clave para continuar desarrollando los criterios ESG dentro de la Unión Europea y vienen a solucionar ciertos problemas planteados por la taxonomía de actividades sostenibles, que por el momento ha dejado fuera conceptos tan importantes para el desarrollo de la sostenibilidad, como lo social, o la clasificación de actividades «dañinas», siempre con el objetivo de fomentar la transición energética.

«Los dos borradores son pasos importantes en el asesoramiento de la Plataforma a la Comisión sobre la taxonomía social y la ampliación de la medioambiental. Los trabajados de asesoramiento de Plataforma se incorporarán al informe de la Comisión sobre la posible extensión del marco de taxonomía que se adoptará a finales de 2021, según lo establecido en el artículo 26 (2a y 2b) del Reglamento de Taxonomía«, apunta la Plataforma de Finanzas Sostenibles.

Cómo ayudar a la transición energética

Europa todavía sigue sin resolver problemas como, por ejemplo, dónde colocar al gas dentro de las actividades sostenibles y ha dejado la conclusión de este tema para más adelante.

El debate sobre el papel que debe tener esta fuente lleva meses dando vueltas por Bruselas y, dado el peso que tiene en determinados países, al igual que la nuclear, incluso ha provocado algunas amenazas de rebeldía.

Desde la perspectiva de este grupo de expertos es realmente crítico fomentar el abandono de las actividades más dañinas y la movilización de capitales que permita el salto de las actividades irrespetuosas con el medio ambiente hacia las limpias.

Así, en el borrador publicado esta semana «se examinan las premisas, los problemas y las opciones a favor y en contra de la ampliación de Taxonomía europea «más allá de lo verde» para incluir actividades significativamente dañinas (SH) y sin impacto significativo (INE) (ambas en relación con la sostenibilidad medioambiental) dentro del marco de financiación sostenible de la UE», especifica el documento.

Para la Plataforma, que recomienda la inclusión de estas actividades en el desarrollo de la taxonomía medioambiental, la idea no es crear listas de buenos y malos, sino empujar la llegada de capitales hacia las actividades que necesitan transformarse.

Así, lo que recomienda este grupo de expertos es adoptar más clasificaciones, que permitan crear ‘peldaños’ de sostenibilidad, que visualicen los pasos durante el proceso de transición.

Una clasificación más amplia de actividades permitirá visualizar a las cotizadas los esfuerzos de inversión en transición

En este sentido, la Plataforma recomienda identificar tipos adicionales de clasificación para actividades que salen de SH, pero que no cumplen con los criterios de SC (‘substantial contribution’), «que se denominará ‘transiciones intermedias’, apunta en el borrador.

Este peldaño permitirá relacionar los esfuerzos en materia de transición tanto en la información que obligatoriamente tendrán que ofrecer las empresas (va a ser obligatorio difundir datos de inversión- capex- ligado a la taxonomía), como poder identificarlos con los productos de inversión.

Uno de los puntos débiles de que la Taxonomía no esté desarrollada es que de alguna manera penaliza la sostenibilidad de las carteras de los fondos más ligados a la transición energética o roba visibilidad a las actividades de inversión de transición que llevan a cabo las empresas y, especialmente, las industrias más emisoras de gases con efecto invernadero.

Uno de los efectos «secundarios» que se le imputaba a la taxonomía era que, la propia clasificación, incrementara el coste de capital de las actividades menos verdes. Este paso, que es positivo por una parte porque fuerza a acelerar la transición, por el otro es negativo porque complica y encarece las posibilidades de financiación de las empresas cuyos negocios se quedan al margen de la lista de actividades sostenibles.

El documento de la Plataforma de Finanzas Sostenibles es muy amplio, recoge numerosas recomendaciones, y puede consultarse completo aquí.

La futura taxonomía social

La otra gran propuesta de la Plataforma es la esperada taxonomía social. Los trabajos y las conclusiones de este grupo de asesores de la Comisión Europea también es muy amplio y puede consultarse desde este enlace.

Con sus trabajos, la Plataforma trata de responder a dos cuestiones base que le ha planteado la Comisión Europea.

Por una parte, cuál debía ser la estructura de dicha clasificación. Por la otra, que reflexionara sobre la relación entre la taxonomía social y la medioambiental y el entorno regulatorio. En este último punto, la Plataforma concreta cuatro grandes diferencias:

1. Las actividades económicas, como la creación de empleo, son intrínsecamente beneficiosas desde el punto de vista social. Una taxonomía social tiene que distinguir entre estos beneficios inherentes y los beneficios sociales añadidos, como la mejora en el acceso a una atención sanitaria de calidad o garantizar trabajos decentes.
2. Los objetivos y criterios ambientales pueden basarse en la ciencia, pero una taxonomía social podría basarse en normas autorizadas internacionales de actualidad, como la Carta Internacional de Derechos Humanos.
3. La taxonomía ambiental vincula sus criterios a las actividades económicas. Sin embargo, algunos aspectos, como la negociación colectiva o la transparencia fiscal, no pueden vincularse con la actividad económica. Más bien, deben estar vinculados a la entidad en particular.
4. Para algunos temas sociales, puede resultar más difícil desarrollar criterios cuantitativos.

Este grupo de expertos, además, divide en dos dimensiones la estructura de esta clasificación social. En el vertical, se incluyen los productos y servicios para las necesidades humanas básicas y la infraestructura básica.

«Bajo esta perspectiva, las actividades económicas que hacen que estos productos y servicios sean más accesibles, en tanto no perjudiquen otros esfuerzos por lograr otros objetivos sociales, podrían considerarse sociales», explica el borrador publicado esta semana.

En cuanto a la dimensión horizontal recogería el impacto sobre los distintos ‘stakeholders’ de las actividades económicas. En este grupo se incluirían los trabajadores, también los de la red de proveedores, los consumidores y las comunidades en las que se opera.

«En los objetivos horizontales probablemente se debería incluir una combinación de criterios entre la propia entidad y la actividad, que garantice el apoyo y el respeto de la empresa a los derechos humanos».

La Plataforma de Finanzas Sostenibles da una importancia crucial a la gobernanza como impulsora de los criterios medioambientales y de los sociales.