Más de doscientas normativas compiten por regular la sostenibilidad en el mundo

Los supervisores de los mercados han tratado de tomar la iniciativa en los últimos años, pero el puzle de textos dificulta la actividad de los inversores, que encuentran grandes dificultades en las métricas sociales

La avalancha de regulación en sostenibilidad ha estallado con fuerza en todo el mundo. Solo en los últimos cinco años se han aprobado más de un centenares de normativas ESG (ambientales, sociales y de buena gobernanza), siendo los reguladores bursátiles responsables del 60 por ciento.

En total, existen 234 leyes y normativas que en vigor en 45 países europeos, americanos y asiáticos. Casi la mitad, el 49 por ciento, fueron aprobadas después de 2016, según el rastreo llevado a cabo por el ‘ESG Working Group’ y respaldado por los Principios de Inversión Responsable (PRI).

La mayoría de las normativas ESG son fruto de las acciones de los gobiernos de los países, con un total de 128; si bien las guías, regulaciones y leyes impuestas desde los reguladores de las bolsas también se elevan por encima del centenar (106) y crecen con más fuerza conforme ganan ritmo las finanzas sostenibles.

Así, el impulso de las comisiones de valores en la fijación de recomendaciones alrededor de los criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza ha supuesto la aprobación de 37 normativas entre 2019 y 2021, en mercados como Alemania, Reino Unido, China, Estados Unidos o Japón. En este periodo, solo fueron impulsadas 17 normativas por acción de los gobiernos.

Una de las últimas comisiones de valores en dar un paso al frente en materia ESG, en concreto, con el fomento de la diversidad social ha sido la SEC estadounidense. Acaba de aprobar las recomendaciones del mercado tecnológico Nasdaq para que las cotizadas ofrezcan la información de representación de minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, así como por orientación e identidad sexual.

Y es que precisamente, el ‘reporting’ y la medida de los aspectos sociales en las empresas es una de las áreas donde inversores y empresas encuentran más dificultades para comparar información, con una falta de homogeneización considerable.

Cabe recordar que la Unión Europea, que con su Pacto Verde quiere imponer su Taxonomía verde -la clasificación de actividades sostenibles medioambientalmente hablando- en el mundo, también está dando pasos para definir la que sería la Taxonomía Social.

En concreto, la Plataforma de Finanzas Sostenibles que asesora a la Comisión Europea está inmersa en el desarrollo de una taxonomía social, que previsiblemente se incorporará a la extensión del Reglamento de la Taxonomía a finales del 2021.

Barreras: la voluntariedad y el poco detalle

Según el examen liderado por los abogados de White & Case, en 71 de las jurisdicciones existen leyes para el desglose de información ESG, aunque frecuentemente cuando hacen referencia a las cuestiones sociales no consiguen entrar a un nivel de detalle suficiente.

Además, indican que, aunque casi todos los países analizados han fijado requisitos mínimos de ‘reporting’ social a las compañías, estos son casi siempre de carácter voluntario.

Capital humano, salud, seguridad, derechos humanos y cadenas de suministro son las temáticas sociales más abordadas

La gestión del capital humano, la salud, la seguridad, los derechos humanos y la cadena de suministro son las áreas sociales más abordadas en las normativas ESG.

En el 93 por ciento de las jurisdicciones, la información requerida a las cotizadas en este ámbito es voluntaria, mientras que aquellas donde es obligatoria se centran en las «cuestiones materiales a los inversores».

Las bolsas de valores de 28 países (62 por ciento) ya han emitido guías para el reporte de la información ESG dirigidas a cotizadas. Según el estudio, en los aspectos sociales estas ofrecen información más pormenorizada que lo que marcan las leyes de esos países.

La multitud de estándares de ‘reporting’ dificulta la comparación global

En cuanto al uso de estándares de terceras partes para este ‘reporting’, la Unión Europea es una de las 14 jurisdicciones (31 por ciento del total de mercados evaluados) que hace referencia al uso de estos sin encomendar uno en exclusiva.

Entre los más repetidos aparecen los estándares GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), así como las guías de la OECD y la ONU.

Iniciativas privadas sobre lo social

En este entorno de multitud de estándares, pero exigencias relativamente bajas, se entiende que proliferen iniciativas privadas que intentan aclarar y difundir el empleo de indicadores sociales, con el objetivo de que alcancen a toda la comunidad inversora.

Entre ellos destaca el grupo de trabajo establecido por la fundación Thomson Reuters, Refinitiv, International Sustainable Finance Centre (ISFC), White & Case, Eco-Age y The Mekong Club, que está apoyado por los PRI en calidad de observador y que pretende «derribar los mitos sobre los indicadores sociales».

«Una década después de la adopción de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP), existe un consenso cada vez mayor de que los compromisos y el nivel de cumplimiento no son suficientes«, advierte en su ‘libro blanco’.

Para hacer frente a esta situación, el grupo está proponiendo acciones concretas para que los inversores puedan abordar los indicadores sociales. Entre ellas, han lanzado una guía que mapea todos los indicadores actuales en diez temáticas y establece cuáles son las equivalencias entre diferentes estándares habituales.

El grupo ha lanzado una guía de indicadores sociales según diferentes estándares para inversores

A su juicio, las cuestiones sociales tienen tanta o más materialidad en los riesgos para los inversores que las cuestiones medioambientales, con lo que animan a las gestoras de activos a disminuir el riesgo y cumplir con su deber fiduciario.

«Creemos que estos indicadores deben aplicarse para evaluar no solo las operaciones de la empresa, sino también sus proveedores y la cadena de suministro, de la misma manera que los indicadores ambientales miran las emisiones de gases de efecto invernadero directos e indirectos utilizando las mediciones de Alcance 1, 2 y 3″, argumentan.

En su análisis, el grupo considera que una integración óptima de estos criterios debe tener un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo en los procesos de ‘due dilligence’ y ‘engagement’ con las compañías.

Para aquellos que consideran que es «demasiado complicado» comenzar a tener en cuenta los criterios sociales les encomienda usar la amplia variedad de recursos existente, identificando cuáles son los indicadores que le resultan más útiles y demandando esa información a sus participadas.

Esa información debería redundar en beneficio económico. «En un mercado donde la inversión sostenible es creciente es posible utilizar la experiencia de ESG, y especialmente un conocimiento más profundo sobre la ‘S’ para atraer nuevos negocios«, concluye el análisis.

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