Los ‘lobbies’ de la inversión responsable piden normas más duras de fomento del ‘engagement’

Acaba de nacer en España, pero ya no es suficiente. La reforma de la Ley del Mercado de Valores, aprobada este año, y con la que se ha traspuesto la Directiva sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, y regulado por primera vez el ‘engagement’, se queda corta para los principales ‘lobbies’ de inversión responsable europeos.

En una carta remitida a la Comisión Europea, PRI, Eurosif y ShareAction piden que se aproveche la intensa reforma normativa que se está haciendo en la Unión Europea en el campo de la sostenibilidad para forzar una regulación que sea capaz de impulsar el ‘engagement’, mediante la puesta en marcha de códigos ‘stewardship’ más fuertes.

«Es necesario dar más pasos para asegurar que los inversores impulsan su influencia en la transición sostenible de las empresas y la creación de valor a largo plazo», señalan en su misiva.

«En 2018, el plan de Acción de Finanzas sostenibles se enfocó a otras reformas. Esta vez, el ‘stewardship’ debe ser la prioridad en la futura revisión de la Estrategia de Finanzas Sostenible«, apuntan.

Las asociaciones defienden que los inversores, a través de la influencia que ejercen en sus políticas de diálogo activo, pueden ser capaces de empujar a las empresas en las que invierten -y también a través de sus posiciones en deuda- a que avancen en el cambio hacia una economía sostenible y alineada con el Acuerdo de París de manera muy efectiva.

El ‘diálogo activo’ se relaciona con el aumento de políticas de descarbonización

Gran parte de la labor del ‘engagement’, mediante el cual los inversores son interlocutores con las empresas en cartera para que alcancen una serie de compromisos recogidos, justo, en su políticas de ‘stewardship’, se está viendo en el empujón que en los últimos meses se está dando a la descarbonización.

La exigencia – y la presión- de los grandes inversores (a puerta cerrada y públicamente con el voto en las juntas), se relaciona con el incremento del número de empresas que se suman a los objetivos ‘cero emisiones’.

De cara a los partícipes, además, el cuerpo teórico de la inversión responsable defiende que esta política, además, es capaz de generar valor a largo plazo y, en teoría, un retorno más atractivo para el inversor final.

La Directiva en vigor, sin un estándar fuerte

De acuerdo con PRI, Eurosif y ShareAction, la Directiva sobre implicación de accionistas, que introdujo el ‘engagement’ se ha quedado corta en lo que se refiere a la creación de un estándar fuerte de ‘stewardship’. «La mayoría de los requisitos de la Directiva se centra más que impulsar que las gestoras se pongan en acción, en cuantificar los riesgos relacionados con la sostenibilidad, limitando la calidad de estos códigos», señalan.

«Dada la urgencia de la crisis climática y la necesidad de una recuperación económica ‘verde’ post-Covid, le urgimos (a la Comisión Europea) a incluir el ‘engagement’ como una prioridad clave en la renovación de la estrategia de finanzas sostenible», insta.

«Es una revisión urgente», insiste y pide por ello que se acelere el calendario que está en marcha y que deja la revisión para 2023.

Una ‘tormenta’ de cambios normativos

La Unión Europea se encuentra en un momento álgido de revisión de normativas relacionadas con la sostenibilidad. Además de la definición del desarrollo técnico del Reglamento de Divulgación, cuya primera parte entró en vigor el pasado 11 de marzo, también está trabajando en una nueva normativa que sustituirá a la Directiva de Información No Financiera.

En paralelo, tiene pendiente la finalización de taxonomía de actividades sostenibles, sobre la que todavía no ha resuelto el futuro del gas o de la energía nuclear y también tiene en marcha el desarrollo de la taxonomía que completa esta y que incluirá factores sociales.

Estas normativas, además, influirán también en la regulación que envuelve a los productos financieros sostenibles; por lo que también tendrá que adaptarse al Reglamento de Divulgación. EFAMA ya ha pedido un periodo transitorio hasta que se despejen todos los cambios y poder incluir así el grueso de las últimas modificaciones a la vez.