Las leyes climáticas de las grandes economías europeas, bloqueadas: el fracaso de Macron y Merkel

La Unión Europea parece un bloque único en muchos aspectos políticos, aunque luego cada Estado miembro vaya por su propio camino. Y, en la lucha contra el cambio climático, no es diferente.

Los dos países con más peso económico y político, Alemania y Francia, están inmersos en problemas a la hora de sacar adelante los objetivos medioambientales de sus respectivos gobiernos. En el caso francés, con manifestaciones incluidas, que no han impedido las restricciones por la pandemia

Por un lado, Emmanuel Macron tiene serias dificultades para aprobar una de las promesas de su presidencia: incluir la lucha contra el cambio climático en la Constitución; además de ver como su nueva legislación medioambiental se ‘descafeína’ en su paso por el Senado, bajo control conservador.

Por otro, Angela Merkel, en plena recta final de su mandato, acaba de ver cómo el Tribunal Constitucional le obliga a modificar su legislación climática cuando a la canciller sólo le queda un año de legislatura -puede que la termine el próximo Parlamento- y le insta, además, a marcarse metas de reducción de emisiones más ambiciosas.

El marco común europeo ‘paraguas’

Como sucede con gran parte de la legislación europea, Bruselas ha marcado el rumbo para el conjunto de países miembros de la Unión, pero cada uno puede elegir su propia ruta, prioridades y estrategias; siempre que se mantengan dentro de ese paraguas único.

En este caso, la primera meta es reducir en “al menos” un 55% las emisiones de gases con efecto invernadero en el año 2030 y respecto a los niveles que se alcanzaban en 1990. El objetivo final es las cero emisiones en 2050.

Ese es el marco en cuanto a emisiones en sí, dejando a un lado cuestiones comunes para todos los estados miembros, como la nueva taxonomía de actividades consideradas sostenibles o la nueva directiva en materia de ‘reporting’ para las compañías, donde aún quedan aspectos muy relevantes por concretar.

Pero, en cuanto a las emisiones, a cómo conseguirlo y a cuáles son las prioridades de cada país, los Estados no tienen las manos atadas. 

España, por ejemplo, está en plena recta final de la aprobación de la Ley de Cambio Climático, solo pendiente de su visto bueno final en el Congreso de los Diputados, tras recibir la aprobación en el Senado la pasada semana.

En ella, por ejemplo, se marcan cuestiones polémicas, como que a partir de 2040 no se puedan vender vehículos que emitan CO2 o que el 75% de la generación eléctrica en 2030 tendrá que ser de origen renovable.

Además, la nueva ley española va ‘con retraso’ respecto a los objetivos de la UE, porque marca una reducción de emisiones del 23% en 2030. Y, aunque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que esa reducción del 55% se puede conseguir aunque no esté fijada en la ley -por ejemplo, vía renovables- hay asociaciones como Greenpeace que ya han asegurado que a la ley española le falta ambición y que se queda corta.

Macron mantiene la opción de un referéndum

En cuanto a Francia y Alemania, ambos países tienen por delante meses clave para su futuro político. Las primeras elecciones serán las germanas, este otoño, de las que saldrá el relevo de Angela Merkel en la cancillería. 

Y, ya en 2022, las presidenciales francesas. En este caso, Macron aspiraba a llegar con una Constitución modificada, vía referéndum, en la que estuviera incluida la importancia de la protección del medio ambiente como uno de los pilares del Estado.

Sin embargo, la falta de mayoría de su grupo En Marche! en el Senado va camino de adelgazar las medidas previstas en la nueva Ley sobre el Clima, que salió después de un debate en el que participó más de un centenar de expertos en materia medioambiental.

Una de las medidas previstas en esta ley y que ahora tiene que aprobarse en la Cámara Alta es la prohibición de todos los vuelos nacionales que duren menos de dos horas y siempre que haya alternativa vía tren.

Además, la ley, si no hay cambios -y de forma similar a la nueva legislación española-, incluirá aspectos vinculados al impulso de los coches eléctricos y a mejorar las infraestructuras y la capacidad energética de los inmuebles. 

Sin embargo, puede eliminar la opción del referéndum, aunque Macron mantiene abierta esa puerta. “El texto seguirá su curso parlamentario que es la única forma de lograr un referéndum, con la condición de que senadores y diputados estén de acuerdo”, aseguró este fin de semana el presidente francés.

Además, un portavoz presidencial, en declaraciones recogidas por los medios franceses, ha recalcado que la votación ciudadana “sigue siendo una prioridad para el presidente”. 

Golpe de mano del Constitucional alemán

En Alemania, los problemas con la legislación medioambiental a Merkel no le vienen de la oposición, sino del Tribunal Constitucional.

Le obliga a tener lista antes de que acabe 2022 -es decir, un año después de las elecciones de este otoño- una nueva regulación que no sólo marque objetivos a 2030, sino que vaya más allá y trace una hoja de ruta para las décadas posteriores. 

En este caso, el Constitucional ha considerado que la redacción actual es perjudicial para las generaciones futuras, que tendrían que concentrar el grueso del esfuerzo económico y de transformación. Es decir, que la nueva ley tendrán que ser más exigente, tanto a corto como a medio plazo, y con hitos más claros respecto a lo que debe conseguir el país más industrializado de la Unión Europea.

De entrada, el Gobierno de Merkel ya ha dejado caer que va a ser más ambicioso y, según lo adelantado por el diario ‘Der Spiegel’ quiere conseguir una reducción de hasta el 65% en 2030 y adelantar la neutralidad a 2045, cinco años por delante de lo que ha marcado Bruselas. 

Los próximos meses, por tanto, van a ser claves para definir cada legislación nacional, más aún con la cumbre mundial del clima, la COP26, que se celebrará en Glasgow este próximo noviembre, donde cada país tendrá que destacar los avances realizados y los que les quedan por conseguir.