Las diferentes rutas normativas que condicionan el desarrollo de la economía circular

La economía circular está en pleno auge normativo. Esta política ambiental, encargada de disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño, va perfilándose en el panorama nacional gracias al primer Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023.

En junio del 2020, España presentaba su Estrategia de economía circular y, ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el plazo de consulta pública -hasta el próximo 26 de febrero- de este primer paquete de medidas.

El Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023 español todavía está abierto a consulta pública

No obstante, según la firma Terraqui, las propuestas que marcarán el rumbo de la circularidad en los próximos años en España no son ambiciosas. Por lo tanto, bajo una visión analítica y en contrapunto con la nueva resolución del Plan de Acción Circular de la Unión Europa, cree que necesita de un mayor esfuerzo a todos los niveles.

En concreto, de los siete ámbitos que hay que solventar (TIC, Baterías, vehículos y neumáticos, envases y embalajes, plásticos, productos textiles, contrucción de edificios, alimentos, agua y nutrientes) Terraqui hace hincapié en la reducción de microplásticos, la lucha de la obsolescencia programada o en cuestiones relativas a la reutilización.

Siete ámbitos y sus correspondientes propuestas

El Plan de Economía Circular 2021-2023 aborda importantes aspectos ya planteados en la Estrategia Española de Economía Circular, que, lograda su aplicación efectiva, supondría un gran avance en optimizar los recursos naturales, además de garantizar una mayor protección ambiental.

Por esta razón, ambos planes, el estatal y del Parlamento Europeo abordan diferentes proposiciones en relación a estas dificultades:

• Electrónica y tecnologías de información y comunicación (TIC).

Mientras que el plan estatal refuerza el régimen jurídico para la gestión de residuos de los aparatos TIC y realiza un estudio acerca de la implantación de un sistema financiero (tipo SDDR) para promover la recogida de teléfonos móviles antiguos y otros RAEE -residuos de aparatos eléctricos o electrónicos-, el Parlamento plantea otras propuestas.

En general, la Unión Europea explora opciones para un sistema de recogida a gran escala para los productos TIC, abarcando su gama más amplia, que permitan a los operadores su reutilización al acceder a estos bienes reutilizables.

Igualmente, pretende garantizar la rápida finalización de los actuales trabajos de diseño ecológico sobre electrónica y TIC, favorecer modos de consumo y producción más sostenibles para el material electrónico, además de solicitar a la Comisión que elabore una iniciativa de digitalización circular y sostenible de las TIC y un plan de inteligencia artificial, entre otras cuestiones.

• Baterías, vehículos y neumáticos.

El plan nacional revisará el régimen jurídico de pilas, baterías o vehículos al final de su vida útil y establecerá un nuevo régimen sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

También pondrá en marcha un proyecto piloto de reutilización de módulos fotovoltaicos y baterías de litio de automoción en aplicaciones de autoconsumo doméstico.

Mientras tanto, por su parte el Parlamento Europeo solicitará la existencia de cadenas de reutilización efectivas, con fabricantes de vehículos y regímenes de responsabilidad ampliada de los productores e, igualmente, demandará a la Comisión que revise la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil, entre otros asuntos.

• Envases y embalajes.

Respecto a esta cuestión, el plan 2021-2023 actualizará y reformará de la normativa nacional en materia de envases y residuos de envases.

Entre tanto, la UE requerirá a la Comisión que presente una propuesta legislativa que incluya medidas y objetivos de reducción de residuos y, de igual forma, unos requisitos esenciales en la Directiva relativa a los residuos de envases para la reducción del exceso de los envases.

Asimismo, solicitará que la Comisión apoye la reutilización de materiales de envasado para entregar diversos artículos y exigirá que respalde y explore el potencial de los sistemas nacionales de depósito, devolución y retorno como un paso hacia la creación de un mercado único de envases.

• Plásticos.

En este sentido, el Plan estatal regulará la RAP para los plásticos de uso agrario o de un solo uso, como son los de las artes de pesca y productos del tabaco, e impulsará las actividades de retirada de basuras del mar.

Una cuestión en la que el Parlamento Europeo instará de nuevo a la Comisión a que ofrezcan unos modelos de consumo más sostenibles y que luche contra los plásticos, incluidos los microplásticos de forma global.

• Productos textiles.

A nivel nacional llevarán a cabo un desarrollo normativo para aplicar la responsabilidad ampliada del productor a los residuos textiles y trabajará en la implementación de sistemas de información relativos a la puesta en el mercado de los productos textiles y a su gestión.

Entretanto, Europa pedirá que que se adopten medidas en la fase de diseño y producción contra la pérdida de microfibras sintéticas, además de establecer criterios específicos para el fin de los residuos textiles a grande escala en la Unión Europea.

• Construcción y edificios.

España desarrollará un nuevo marco jurídico para la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Por su parte, Europa subraya la importancia de aplicar políticas de planificación de alta calidad de los edificios que den prioridad a soluciones que favorezcan la renovación, la reconversión y la utilización continua de los edificios cuando sea posible en lugar de nuevas construcciones.

También incluirá requisitos legales mínimos sobre el comportamiento medioambiental de los edificios, sugiriendo que se incluyan objetivos de reutilización y reciclado y el uso de materias primas secundarias en las aplicaciones de la construcción.

• Alimentos, agua y nutrientes

En este aspecto, el Parlamento Europeo destaca por presentar una propuesta legislativa para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de aquí a 2030, a la vez que solicita a los Estados miembros que adopten medidas globales al respecto.

Aumentar el acceso al agua en toda la Unión Europea, sin depender el agua embotellada o encontrar la recogida selectiva de biorresiduos que persiga producir compost de alta calidad para contribuir a la mejora del suelo, son algunas de sus otras propuestas en esta materia.

Sobre este punto, España quiere poner en marcha un nuevo marco que facilite el aprovechamiento de los aceites industriales usados y, coincidiendo con Europa, la reducción del residuo alimentario a través de diferentes normas y regulaciones.

Algunas propuestas necesitan de una mayor ambición

A pesar de que el Plan de Economía Circular 2021-2023 aún se encuentra sometido a participación pública y que aborda aspectos relevantes ya planteados en la Estrategia Española de Economía Circular, en comparación con las propuestas realizadas desde el Parlamento Europeo, la firma Terraqui, declara que es necesario incrementar los esfuerzos en distintos puntos.

En comparación con las propuestas realizadas desde el Parlamento Europeo, el plan estatal aún tiene que potenciar sus medidas

En particular, la firma de abogados especializada en derecho ambiental destaca la escasa ambición del plan español en los próximos tres años para tratar la problemática de los microplásticos.

Un aspecto que podría optimizarse si se incorporasen cuestiones fundamentales señaladas por el Parlamento Europeo respecto a la Estrategia de Economía Circular de la UE, como la reducción, mediante medidas reglamentarias o y obligatorias, de la liberación no intencionada de estos materiales en origen.

Además, necesita de una implantación de un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) que comprometa a los productores del final de la vida útil de los productos plásticos.

Por otro lado, notan la ausencia de medidas más ambiciosas para luchar contra la obsolescencia programada -productos obsoletos-, en la que el plan estatal tan solo prevé destinar medidas de concienciación, necesarias pero insuficientes.

En cuestiones relativas a la reutilización no existen bastantes medidas, fundamentalmente en el ámbito de la construcción o una mayor incidencia en las disposiciones que aborden el impacto ambiental de las cadenas de valor de los productos electrónicos, el comercio electrónico y el consumo de datos o para promover la venta a granel.