La SEC eleva su presión contra la falta de información veraz

La Securities and Exchange Commission (SEC) libra varias batallas a la vez para intentar que los inversores reciban la información más veraz posible y sin engaños por parte de las empresas cotizadas.

Una de esas contiendas está directamente ligada a la exposición de criterios de inversión ESG, ya que el presidente de la SEC, Gary Gensler, va a exigir más información a las gestoras sobre sus productos de inversión sostenible después del presunto caso de ‘greenwashing’ de DWS, la firma controlada por Deutsche Bank, que la propia SEC está investigando.

Pero no solo exige más información y más veraz a las gestoras centradas en la inversión sostenible.

En los últimos meses, el regulador de la bolsa estadounidense ha puesto el foco en aquellas compañías que ‘sustraen’ a los inversores información clave en su toma de decisiones.

El último caso corresponde al gigante editorial británico Pearson al que hace unas semanas multó por considerar que había engañado a los inversores respecto a un ‘hackeo’ a sus sistemas llevado a cabo en 2018. Eso sí, la multa es relativamente baja, de un millón de dólares. 

En 2018, Pearson, especializado en publicaciones educativas y que tiene contratos con escuelas y universidades de todo el mundo, sufrió una intrusión en sus sistemas que supuso el robo de “millones de registros de estudiantes”, según refleja la SEC. 

Entre los datos que se robaron, desde fechas de nacimiento hasta millones de direcciones de correo electrónico. En total, se expusieron datos de 13.000 cuentas.

El supervisor del mercado considera que Pearson realizó declaraciones “engañosas” a los medios de comunicación y a los inversores sobre el alcance del ‘hackeo’ y sobre su propia gestión de riesgos. 

Riesgos potenciales que, en realidad, ya han ocurrido

El grupo con sede en Londres aseguró, en el informe semestral que envió al regulador en julio de 2019, que los riesgos de ‘hackeo’ de sus sistemas y de posibles incidentes con la privacidad de los datos que manejaba eran “hipotéticos”, cuando, en realidad, ya habían ocurrido. 

Además, la compañía aseguró, a través de un comunicado, que contaba con sistemas de protección “estrictos”. Sin embargo, “no había podido parchear la vulnerabilidad crítica seis meses después de que le fuera notificada”, indica la SEC en su argumentación. 

“El comunicado de prensa también omitió que se habían robado millones de datos de estudiantes, nombres de usuarios y contraseñas”, recalca el supervisor.

“Pearson optó por no revelar la infracción a los inversores hasta que los medios de comunicación contactaran con la empresa e, incluso entonces, subestimó la naturaleza y el alcance del incidente y exageró sus sistemas de protección”, resume Kristina Littman, responsable de la división de ciberseguridad de la SEC. 

“A medida que las empresas cotizadas se enfrentan a la creciente amenaza de las intrusiones digitales deben proporcionar información veraz y precisa a los inversores sobre las consecuencias materiales de estos ataques”, concluye en un comunicado.

En este caso, pese a que Pearson “ni ha admitido ni ha negado los hallazgos de la SEC”, sí que se ha comprometido a cesar y desistir de cometer actos similares, por lo que la multa civil se cifra en un millón de dólares. 

Los 200 millones de sanción de GE

Esa sanción a Pearson difiere de forma sustancial de los 200 millones de dólares que, a finales de 2020, acordó pagar General Electric (GE) para cerrar un caso de engaño al mercado.  En concreto, sobre cómo evolucionaban los resultados de sus divisiones de energía y seguros. 

La compañía afloró en sus cuentas de 2017 un cargo contable de 6.200 millones de dólares, que iba a conllevar a la compañía realizar una provisión de 15.000 millones. 

El gigante industrial cerró la investigación con ese millonario acuerdo, además de comprometerse con la SEC a modificar el desglose de sus operaciones en ambas divisiones. 

Acusaciones en marcha

Esas acusaciones han sido saldadas con multas, pactadas o no, pero hay más procedimientos en marcha.

En mayo, la SEC anunció que acusaba a los administradores de las gestoras LJM Funds Management y LJM Partners, Anthony Caine y Anish Parvataneni, por engañar a los inversores sobre las prácticas de gestión de riesgos de sus carteras.

En concreto, sobre la volatilidad a corto plazo, las pruebas de estrés y el perfil de riesgo de los productos. Una falta de información que conllevó pérdidas por valor de 1.000 millones de dólares.

“Este caso demuestra la importancia de que los gestores de fondos sean honestos y transparentes con los inversores sobre cómo gestionan el riesgo”, aseguró entonces Daniel Michael, jefe de la División de Cumplimiento de Instrumentos Financieros Complejos del supervisor. 

Engaño con el trasfondo del Covid

Otra acusación, hecha pública este verano, está directamente ligada a la pandemia. 

La cotizada Parallax Health Sciences y sus directivos están acusados de realizar declaraciones engañosas sobre sus esfuerzos para combatir el Covid 19, en plena primera ola de la pandemia.

En marzo y abril de 2020, la compañía comunicó que estaba apunto de poner en el mercado una prueba de detección de coronavirus, y que iba a realizar la “venta inmediata” de equipos de protección personal (EPIS). Nunca ocurrió. 

“Alegamos que Parallax engañó a los inversores diciendo que la empresa estaba posicionada para capitalizar las oportunidades creadas por la pandemia”, afirma en un comunicado del regulador Paul G. Levenson, director de la Oficina Regional de Boston de la SEC.

“Tal información errónea puso en peligro a los inversores precisamente en el momento en que intentaban responder a las implicaciones financieras de una emergencia de salud pública”, añade.

Y, también este julio, el organismo estadounidense, ha acusado al consejero delegado del fabricante de coches bajos en emisiones Nikola Corp, Trevor Milton, de “difundir repetidamente información engañosa”. En este caso, a través de redes sociales, donde infló las posibilidades y el potencial tecnológico de la compañía.

Estas acusaciones pueden acabar cerradas, en multas o en pactos, pero marcan una pauta, a la que ahora, además, se suman las dudas sobre la veracidad plena del componente sostenible de las carteras.