La Comisión Europea se focaliza en la normativa de sostenibilidad en la recta final de 2020

El equipo legal de la Comisión Europea (CE) mantiene los motores encendidos para ir definiendo todas las piezas de su taxonomía verde. A pesar de la pandemia, Bruselas mantiene los plazos para encajar la nueva normativa y tendrá abierto hasta el próximo 18 de diciembre el periodo de consulta pública para definir algunos de los capítulos de la nueva norma.

En concreto, en este momento, la Comisión busca recabar opiniones sobre qué actividades económicas deben considerarse sostenibles. «Estos criterios se refieren a actividades que pueden contribuir sustancialmente a la mitigación o adaptación al cambio climático», explican desde Principles for Responsible Investment (PRI).

La nueva taxonomía de la UE se aplicará a partir del 1 de enero del 2022

Este organismo, que vela por la aplicación de los principios de inversión responsable de la ONU, ha realizado esta semana un llamamiento a sus signatarios para construir de forma conjunta una respuesta para la Comisión Europea -gran parte de la industria de la gestión española está adscrita-, dada su relevancia para el sector de gestión de activos.

Para PRI, este cuerpo legal es muy relevante para los mercados de valores. «Las normas sólidas son importantes para los mercados de capitales sostenibles: los inversores europeos necesitan acceso a la información creíble sobre el desempeño sostenible de los productos financieros», valora.

La normativa que salga en vigor de esta consulta entrará en vigor el 1 de enero de 2022

El gobierno corporativo ‘sostenible’ inicia otra revisión

La consulta sobre la taxonomía no es la única que está sobre la mesa este diciembre, porque la Comisión Europea también ha puesto en marcha otra para definir cómo encajar la sostenibilidad dentro del gobierno corporativo de las empresas.

Según destaca Úrsula García Giménez, socia de finReg360, firma española dedicada en exclusiva al asesoramiento regulatorio en el sector financiero, esta iniciativa tiene como objetivo «fomentar que las empresas tengan en cuenta el impacto de sostenibilidad en sus decisiones corporativas en lugar de centrarse en los beneficios a corto plazo».

Así, se espera que la nueva legislación -que forma parte del programa del trabajo de la Comisión para el año 2021- “contribuya a abordar la neutralidad climática y la digitalización de la economía desde una perspectiva socialmente sostenible”. El plazo para realizar comentarios se extiende hasta el 8 de febrero de 2021.

La consulta está dividida en 5 secciones y 26 preguntas. «Las secciones abordan la necesidad y objeto de la iniciativa, las obligaciones de la dirección, el deber de diligencia debida y alcance que deben atribuirle las entidades al implantarla, los mecanismos necesarios para involucrar a todas las partes interesadas en toma de decisiones y gestión y, por último, el efecto de las posibles medidas», repasan desde la firma de asesoramiento regulatorio.

La consulta de gobierno corporativo sostenible es complementaria a la revisión de la Directiva de Información No Financiera

Esta iniciativa es complementaria a la revisión de la Directiva de Información no Financiera, que también está en marcha, y de la que es esperan novedades a principios del año que viene.

De hecho plantea cuestiones distintas como, por ejemplo, cómo establecer «la ampliación del alcance del deber de diligencia de la alta dirección más allá de los intereses financieros de los accionistas y la necesidad de que cuenten con formación adecuada en materia de sostenibilidad», explica Úrsula García Giménez.

También plantea otros temas claves, por ejemplo, en materia de selección de proveedores, para aplicar factores de «sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro», avanza la socia de finReg360.

La normativa, no obstante, todavía está en una fase muy inicial. De la consulta abierta hasta febrero se elaborará una primera propuesta legislativa.