La Comisión Europea coloca la ‘S’ en el epicentro de su agenda normativa en 2021

Quiere que los estados asuman una serie de compromisos, que se evaluarán en el Semestre Europeo. La taxonomía social, que pide la industria de la inversión responsable, también avanza

La crisis económica dejada por la crisis sanitaria está suponiendo un duro golpe para el tejido social europeo y español. España vuelve a superar la cifra de los cuatro millones de parados y lo hace con un altísimo desempleo juvenil. Una cuestión que, según las agencias de rating, pesa negativamente sobre la calificación ESG de nuestro país.

En este contexto, la Comisión Europea parece dispuesta a convertir los criterios sociales en uno de los pilares de los planes de reconstrucción con los que se espera relanzar la economía europea tras la pandemia. Este jueves anunció una serie de propuestas «para convertir en acciones» que los Derechos Sociales sean un pilar de la Unión Europea.

Los puntos críticos sobre los que quiere insistir la Comisión Europea están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas -ella misma lo destaca- y todos ellos se incluirían entre los ODS sociales.

En concreto, la Comisión presionará para que el Consejo Europeo adopte tres compromisos de cara a 2030, que para España y para las empresas españolas pueden convertirse en un reto:

  1. Que al menos un 78% de la población entre 20 y 64 años esté empleada
  2. Que al menos el 60% de los adultos reciba formación cada año
  3. Que el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social se reduzca al menos en 15 millones

La Comisión quiere que estos tres objetivos se incluyan dentro del Semestre Europeo y pide al Consejo Europeo que los respalde y a cada estado miembro que fije sus propios objetivos nacionales para lograrlo.

Pero la Comisión es más ambiciosa. Esta semana también ha presentado una propuesta de Directiva de Transparencia Salarial y una nueva estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Dos propuestas asimismo alineadas con los objetivos sociales de la ONU.

Las ofertas de trabajo tendrán que publicarse con una guía sobre el rango salarial

Respecto a la nueva normativa sobre publicidad salarial, pretende obligar a quienes oferten puestos de trabajo a dar una guía de retribución ligada a la posición y previa a la entrevista. Además, los empleados podrán solicitar información a sus empresas sobre los rangos salariales que se aplican para puestos similares a los suyos, o con una «aportación de valor equivalente».

Bajo esta nueva Directiva, las compañías a partir de 250 trabajadores deberán publicar información sobre el ‘gap’ salarial entre los hombres y las mujeres dentro de su organización.

La Comisión avanza que estas novedades no serán las únicas en las que trabaje a lo largo de 2021 relacionadas con temas sociales.

Por ejemplo, planteará iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales -un tema hoy muy candente en España por la polémica sobre los ‘falsos autónomos’-, y también trabajará en un plan de acciones para la economía social.

Avances en la taxonomía social

Los trabajos de la Comisión Europea en temas sociales están muy ligados a los impulsados durante 2020 -y que continúan- ligados a la agenda ‘verde’ y sostenible.

De hecho, lo social y la transformación energética son las dos bases sobre las que -al menos teóricamente- la Unión Europea espera impulsar la reconstrucción de la economía tras el golpe de la COVID-19.

Los criterios sociales, muy en línea con el movimiento que estamos viendo en la inversión responsable, han ganado más protagonismo y Europa, también a nivel normativo, está asumiéndolo.

Uno de los puntos sobre los que este jueves la Comisión Europea no dio ‘feedback’ es sobre la taxonomía europea. Para Spainsif, su desarrollo es clave para ayudar a que los capitales se muevan hacia activos que los ponderen.

Pero Europa no está paralizada en este sentido. Hace pocos días, durante unos seminarios organizados por la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, se actualizó información sobre su desarrollo.

«Se espera un informe y una consulta sobre el tema en el tercer trimestre de este año, además de un informe sobre las salvaguardas mínimas para la Taxonomía Verde», avanza Andrea González, Subdirectora General de Spainsif.

La taxonomía social cubrirá las lagunas que sobre estos asuntos presenta la ambiental

Los trabajos de los profesionales inmersos en la nueva taxonomía se están centrando en las lagunas en la taxonomía ambiental para asuntos sociales, «especialmente sobre cómo las actividades económicas pueden clasificarse como socialmente sostenibles, tanto para su actividad, como para sus productos/servicios», puntualiza González.

En este sentido, se habrían percibido una serie de brechas en temáticas como los derechos humanos, la gobernanza, el acceso a la atención médica, la educación, el empleo decente y la igualdad y la no discriminación.

Los tres pilares de la futura norma

La taxonomía social se está creando sobre una base de tres pilares. El primero es el respeto por los derechos humanos; el segundo, la gobernanza y el tercero, el promover condiciones de vida adecuadas para todos.

«Mientras que los dos primeros pilares son horizontales y se centran en ‘cómo se hacen los negocios’, el último refleja un aspecto vertical y se relaciona con el sector, o ‘el tipo de negocio/producto'», señala la subdirectora general de Spainsif.

Todos estos avances, sin embargo, no resuelven una serie de incógnitas. «Todavía existe confusión sobre cómo una taxonomía social interactuaría con un capítulo social con indicadores bajo una NFRD (Directiva de Información no Financiera) revisada o con la legislación sobre debida diligencia en las cadenas de suministro, que también se centrarán en identificar y mitigar algunos de estos problemas», valora Andrea González.

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