Europa se apoya en la Directiva de Información No Financiera para impulsar un modelo único de informe de sostenibilidad

Según un borrador de la reforma, la propuesta de la Comisión Europea es favorable a la creación de una norma unificada que ahorre costes a las empresas y que afecte a todas las cotizadas

Estaba previsto que la Comisión Europea publicara el proyecto de reforma de la Directiva de Información no Financiera (NFRD) antes de que arrancase abril, pero ahora la expectativa es que lo haga antes de mayo, pero con importantes novedades, encaminadas hacia la homogeneización en la publicación de los informes de sostenibilidad.

De acuerdo con un borrador de la propuesta del mes de marzo, al que ha tenido acceso SOCIAL INVESTOR, la propuesta normativa considera adecuado avanzar hacia una modelo homogeneizado de ‘reporting’ de datos de sostenibilidad, que sería obligatorio para todas las empresas cotizadas europeas.

Este modelo, que previsiblemente desarrollaría el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), sería una herramienta tanto de ahorro de costes, como de adecuación de las distintas normativas de los países de la Unión, de manera que se construyese un modelo único para todas las cotizadas europeas, que diera más fortaleza a la integración de los distintos mercados de valores.

«Esta propuesta contribuye al avance en la integración de los mercados de capitales, al permitir que los inversores y otros ‘stakeholders’ accedan a información de sostenibilidad comparable de las empresas que forman parte de la UE», reflexiona el borrador de la reforma, que apunta que el modelo heterogéneo que se está utilizando actualmente no es útil para dar integridad al mercado único europeo.

La Comisión cree que la UE debe liderar la creación del nuevo modelo de informe de sostenibilidad

«Las diferencias significativas entre los Estados miembros con respecto a los informes de sostenibilidad crean costes adicionales y complejidad para las empresas con operaciones transfronterizas y, por tanto, socavan el mercado interior», señalaría el borrador de la propuesta que ultima la Comisión Europea.

«Los estados miembros que actúan por sí solos no pueden garantizar la coherencia y la comparabilidad de los requisitos de información sobre sostenibilidad en toda la UE», insistiría el borrador, que también hace referencia a la multiplicación de modelos para la difusión de datos de sostenibilidad voluntarios.

Por ello, reclama que los países cedan algo de soberanía y se centralice en las instituciones europeas la definición de cómo y qué datos publicar; para asegurar su alineación tanto con la reciente taxonomía ‘verde’, como el Reglamento de Divulgación, cuya primera parte entró en vigor el pasado 10 de marzo.

«La UE debe crear un marco coherente y completo para los informes de sostenibilidad, sobre la base del cual pueda participar de manera constructiva con sus socios internacionales», señalaría el documento en el que trabaja la Comisión Europea.

La propuesta, además, pone cifras al ahorro que puede suponer para las empresas la puesta en marcha de un modelo homogéneo de publicación de estos informes.

En concreto, calcula que las empresas que hoy publican información no financiera podrían reducir sus gastos en entre 280-490 millones anuales.

Mantener la ventaja de Europa en sostenibilidad

La Comisión Europea, además, parece que está aprovechando la revisión de la normativa para tratar de mantener la ventaja de la Unión Europea en temas de sostenibilidad, en un contexto en el que Estados Unidos ha vuelto al Acuerdo de París y otros países, como el Reino Unido o China también intentan demostrar que pueden ser líderes en transición climática.

De hecho, ya existen iniciativas para tratar de dar forma a un modelo que ayude a homogeneizar los informes de sostenibilidad. Una de las últimas organizaciones que ha dado un paso adelante para tratar de poner en marcha un modelo homogéneo para la publicación de informes de sostenibilidad es la Fundación IFRS.

La Fundación IFRS quiere desarrollar el TCFD para crear un estándar unificado

Está impulsando la puesta en marcha de un cuerpo técnico -al que se ha integrado IOSCO, organismo en el que participa la CNMV-, para trabajar en un ‘prototipo’ para la homogeneización de la difusión de datos sobre sostenibilidad.

El cuerpo técnico de la Fundación IFRS trabajará sobre la base de la Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) y buscaría desarrollar este prototipo como un pilar sobre el que desarrollar “las iniciativas existentes y la puesta en marcha de estándares relacionados con el clima y otros temas de sostenibilidad”, explica la Fundación.

En este grupo de expertos también se integrará la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, o IASB), con el objetivo de que los avances estén alineados con la contabilidad internacional.

Un universo más amplio de compañías que la normativa actual

Otra novedad es que el borrador de la reforma de Directiva de Información no Financiera ampliaría el espectro de compañías obligadas a publicar datos; yendo más allá de las cotizadas de más de 500 trabajadores de la norma aprobada por la Comisión Europea en 2014 y que España traspuso en 2017, ampliándola a las empresas con más de 250 trabajadores, que ya tendrán que publicar el informe el año que viene.

En concreto, el borrador de la propuesta señalaría que todas las cotizadas, independientemente de su tamaño, deberían estar sujetas a las mismas obligaciones de información. «Las pymes que cotizan en mercados regulados de la Unión Europea tendrían que cumplir con los nuevos requisitos», recoge la propuesta.

El número de empresas obligadas a publicar estos datos pasaría de 11.600 a 49.000

No obstante, estas últimas tendrían un plazo mayor de adaptación, ya que no estarían obligadas a publicar este nuevo informe hasta tres años después de que entren en vigor para el resto. Las cotizadas en mercados de crecimiento, como el MAB español, estarían exentas.

El borrador de la propuesta calcula que este cambio incrementaría de manera muy importante la transparencia en materia de información no financiera, ya que hasta 49.000 cotizadas estarían obligadas a dar información; frente a las 11.600 actuales.

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