Europa obligará a todas las cotizadas a publicar un informe de sostenibilidad homogéneo y auditado

La Unión Europea continúa dando pasos adelante en el desarrollo regulatorio alrededor de la sostenibilidad y convirtió el 21 de abril -la jornada previa al inicio de la cumbre climática de Joe Biden-, en un acto reivindicativo de su liderazgo con la publicación de un un triple paquete normativo.

En un acto único, la Comisión Europea dio a conocer una primera clasificación de actividades sostenibles dentro de la taxonomía ‘verde’, la reforma de la Directiva de Información No Financiera (NFRD), que se quiere rebautizar a ‘Corporate Sustainability Reporting Directive, y el desarrollo de varios actos delegados para desarrollar el papel de los asesores financieros, que ya se verán obligados a preguntar a partir de 2022 sobre las preferencias ESG de sus clientes.

Este paquete normativo fue presentado por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que lo consideró clave para impulsar las inversiones que Europa necesita para cumplir con el objetivo de reducir un 55% sus emisiones en 2030, para el que la Unión Europea ya ha logrado un preacuerdo de los estados miembros, que da luz a la Ley del Clima.

Dombrovskis las cuantificó en 230.000 millones de euros anuales y para captarlos el acto delegado que desarrolla la taxonomía, y que analizamos este miércoles en otro artículo en profundidad –puede consultarlo aquí-, al igual que las novedades en la comercialización y creación de productos financieros.

La Directiva de Información No Financiera: nuevo nombre y universal

La propuesta de la Comisión Europea en materia de reforma de la NFRD está en línea con lo avanzado por SOCIAL INVESTOR: la obligación de dar información se extiende a todas las cotizadas (también afecta a las grandes empresas) y se impulsará un modelo único de informe de sostenibilidad; con el objetivo de facilitar la comparabilidad entre las distintas compañías europeas.

La Comisión Europea, en su documento de propuesta, recoge los cambios más significativos de esta nueva norma respecto a la previa:

• Ampliar a todas las grandes empresas y sociedades cotizadas (solo se quedan exentas las microempresas cotizadas, como las integrantes del MAB) la obligación de presentar informes de sostenibilidad
• Exigir que la información recogida sea fidedigna
• Especificar cómo las empresas deben divulgar estos datos, que deberán ser presentados de acuerdo con la normativa obligatoria de la UE en materia de informe de sostenibilidad
• Garantizar que la información se incluya como una parte del informe de gestión y que pueda ser divulgado en formato digital

Para poder garantizar estas novedades, la Comisión impulsará la creación de un punto único de acceso digital, para que las empresas puedan remitir su información financiera y la relativa a la sostenibilidad y también creará un «sistema coherente y global» para los informes de sostenibilidad que permita la «participación constructiva» a nivel internacional.

De hecho, la Comisión reconoce que entiende que la normativa europea debería tener en cuenta algunos de «los elementos esenciales» de los modelos de ‘reporting’ que se están desarrollando a nivel internacional en este momento.

Este guiño ha sido bienvenido por otros organismos que trabajan en la estandarización de la información no financiera. En concreto, Mary Schapiro, jefa de la secretaría del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y ex presidenta de la SEC de los Estados Unidos, ha valorado muy positivamente el paso dado hacia el estándar único por Europa.

«Este liderazgo político y regulatorio es vital para aportar información comparable y de alta calidad a los mercados y los inversores, que permita una asignación de capital correcta hacia la economía de las cero emisiones», señala en un comunicado.

Un único modelo, pero adaptado para las ‘pymes’

Esta normativa, además, rompería las diferencias que existen entre distintos países, donde las exigencias varían mucho; tanto en el caso del tamaño de las empresas; como en la profundidad de los datos que se exigen.

La Comisión, además creará un estándar específico que simplifique el modelo de informe en el caso de las ‘pymes’, pero «adaptados a las capacidades de estas empresas».

Su utilización solo será obligatoria para las pequeñas y medianas empresas cotizadas, pero el resto podrán adoptar este modelo de manera voluntaria, según avanza la propuesta de la Comisión.

El modelo a publicar será desarrollado por el EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), que tendrá que modificar su estructura de gobernanza para poder presentar propuestas a la Comisión Europea en materia de sostenibilidad. Para elaborar la propuesta contará con el apoyo de «las autoridades nacionales, la sociedad civil y el sector privado», puntualizan desde Bruselas.

La norma abre la puerta a la creación de auditores independientes en sostenibilidad

Además, la Comisión se compromete a realizar una multiconsulta antes de adoptar ningún estándar. En concreto, cotejará la propuesta con el grupo de expertos en finanzas sostenibles de los estados miembros, la ESMA, la EBA, EIOPA o el Banco Central Europeo (BCE) y a la Plataforma de Finanzas Sostenibles, entre otros.

Otra de las novedades es que la Comisión quiere que el informe de sostenibilidad esté auditado. Este paso se plantea para que la información tenga credibilidad de cara a los inversores y los mercados; algo que abre nuevas oportunidades de negocio, como, por ejemplo, para la creación de la figura de los ‘auditores independientes en sostenibilidad’.

Algo que, según la Comisión Europea, abriría la puerta a que otros actores -y no solo las auditoras tradicionales- se encarguen de supervisar este tipo de información; aunque tendrán que ser los estados miembros los que impulsen la entrada de dichos actores en sus respectivos en mercados.

Un texto no definitivo

La propuesta de la Comisión Europea se negociará ahora tanto en el Parlamento Europeo, como en el Consejo Europeo. En paralelo, el EFRAG comenzará a trabajar en los estándares del informe único de sostenibilidad. El primer borrador se espera que esté preparado a mediados de 2022.

En cuanto a la puesta en marcha de la Directiva, dependerá de cómo avancen las negociaciones en las distintas instituciones europeas. En el caso de que se llegara a un acuerdo en la primera mitad de 2022, la Comisión podría adoptar el primer modelo de estándares a finales de ese mismo año.

Con esta hoja de ruta, los primeros informes de sostenibilidad se publicarían en 2024, con la información del año fiscal de 2023.