Europa fuerza a las gestoras a publicar sus políticas de voto y de utilización de los proxy

La EBA insta a las firmas con más de 100 millones en patrimonio a que den a conocer sus estrategias. También exige visibilidad sobre el sentido de su voto en las juntas de sus grandes participadas

Los inversores de fondos españoles están un paso más cerca de saber cómo se usan sus derechos de voto. La regulación desde Europa, que está marcando el camino para las mejores prácticas de inversión responsable, va a obligar a las gestoras a desnudar sus políticas de ‘engagement’.

Esta semana, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha remitido a la Comisión Europea el borrador definitivo de las normas técnicas regulatorias (RTS) sobre la divulgación de la política de inversión de las firmas de inversión, elaborado en consulta con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

El objetivo principal es que se haga pública la información sobre la influencia de las firmas de inversión sobre las empresas en las que tienen participación directa o indirecta con derecho a voto.

En particular, la Regulación de las Firmas de Inversión (IFR) requerirá el desglose de información, siguiendo unas plantillas comparables, de la proporción de los derechos de votos en función de las acciones en cartera, el comportamiento del voto, el uso de los ‘proxy advisors’ y las guías o políticas de voto.

Todos estos requisitos de información se aplicarán a las firmas con más de 100 millones de euros en activos, de forma anual con los estados financieros a partir del 31 de diciembre de 2021.

Solo en España, hay más de 70 gestoras que superan los 100 millones de euros bajo gestión en fondos, según los últimos datos disponibles de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), a cierre de septiembre.

Profundidad de detalle

Según el documento técnico definitivo de la EBA, las firmas de inversión deberán divulgar dicha información sobre aquellas sociedades cotizadas en mercados regulados cuando la proporción de derechos de voto supere el 5 por ciento del total de la sociedad.

En particular, al indicar la proporción de derechos de voto las firmas tendrán que informar del país, el sector económico, el nombre de la compañía y su identificador LEI, así como el porcentaje de los derechos de voto que ostentan de forma directa e indirecta.

En cuanto al comportamiento de voto, las firmas deberán ofrecer una descripción completa de los votos emitidos en las juntas de accionistas dichas participadas, una explicación sobre estos y el ratio de propuestas que han sido aprobadas.

De esta forma, será pública la información tanto del número de juntas generales con derecho a asistencia como de aquellas en las que la firma votó (o se abstuvo) en el último año. También se especificará el porcentaje de votos emitidos en persona y por correo postal o electrónico.

Resoluciones por temáticas

Uno de los puntos más interesantes para los partícipes preocupados por cuestiones ESG es que entre la información disponible podrán comprobar cómo se ha votado de forma agregada en diferentes temáticas.

Así, las firmas detallarán información sobre el sentido de sus votos en estructura de los consejos, remuneración de los ejecutivos, informes de auditorías, cuestiones ambientales, sociales y éticas; operaciones transaccionales y resoluciones externas.

Asimismo, el modelo propuesto desde la EBA forzará a las entidades a indicar cuál es el porcentaje de resoluciones propuestas por la dirección en las que la gestora ha votado a favor, así como la tasa de propuestas de los accionistas que han salido adelante.

Las firmas deberán indicar si avanzan sus votos en contra a las participadas con antelación a la celebración de las juntas y si esto es parte de su política. En el caso de los grupos de inversión en que puedan surgir conflictos de interés entre entidades tendrán que detallar si cuentan con políticas específicas sobre ello.

Relación con los ‘proxy’

Otro de los aspectos en los que se profundizará la información es en la relación de las gestoras con los asesores de voto.

En particular, las firmas deberán informar de cuáles son los ‘proxy’ a los que ha contratado, si los servicios incluyen recomendaciones de voto y sobre qué compañías recaen.

Según la propuesta remitida a la Comisión Europea, las firmas de inversión tendrán que profundizar en los posibles vínculos con los ‘proxy’ con personas o entidades del grupo, que puedan ocasionar conflictos de interés.

Las políticas de voto no se auditarán

Paralelamente, el documento técnico proporciona una orientación sobre los puntos principales que las empresas de inversión deben incluir en la descripción de sus políticas de voto.

«Su contenido no estará sometido a auditoría externa como los estados financieros, pero deben estar sujetos al mismo nivel de verificación aplicable al informe de gestión. La divulgación no debe ser engañosa«, advierte la EBA.

En este sentido, el supervisor europeo considera que las plantillas del borrador son lo suficientemente detalladas como para que la información sea «coherente, comparable en toda la industria y significativa», toda vez que el nivel de detalle evita una sobrecarga excesiva.

Fue sometido a consulta por la industria

Estas normas técnicas regulatorias (RTS) sobre la divulgación de la política de inversión de las firmas de inversión fueron sometidas a consulta durante tres meses, hasta el pasado julio, y recibieron cinco respuestas de partes interesadas. Con ellas, se han enmendado algunas cuestiones. Aunque la mayoría de quejas no han sido tenidas en cuenta.

Estas partes señalaron, entre tras cuestiones, su desacuerdo en revelar la proporción de propuestas presentadas por los accionistas, al considerar que esto no aporta información valiosa, y también se opusieron a agrupar las resoluciones en función de quién las presenta, ya que puede «resultar engorroso y consumir mucho tiempo».

No obstante, la EBA ha defendido que la divulgación propuesta es coherente con el requisito de una «completa descripción del comportamiento de voto» descrita en el artículo 52 del IFR, con lo que se ha mantenido. «Los beneficios superan los costes», ha argumentado la Autoridad Bancaria Europea.

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