El proyecto europeo de gobierno corporativo choca con las patronales empresariales

La resolución para impulsar un gobierno corporativo sostenible está generando un enfrentamiento silencioso entre políticos y empresarios.

Aunque el texto se había acordado con holgura en la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento (conocida como Juri, entre las muchas que tiene la cámara especializadas por materias), ejerciendo como relator, Pascal Durand, eurodiputado francés del grupo parlamentario de Renew Europe, a punto estuvo de no salir adelante en el pleno.

Sin embargo, cuando la votación se llevó al pleno el consenso y los compromisos fraguados en Juri se resquebrajaron entre los eurodiputados del Grupo del Partido Popular Europeo que aglutina a todos los partidos demócrata-cristianos.

El resultado fue de 347 votos a favor y 307 en contra, porque los votos de los eurodiputados del Grupo Popular Europeo se fragmentaron. La diferencia hubiera sido incluso más estrecha de no haber sido por los 16 eurodiputados democristianos que no obstante apoyaron la resolución y otros 21 que se abstuvieron, ninguno de ellos español.

Los votos de los eurodiputados del Grupo Popular Europeo se fragmentaron y la resolución estuvo a punto de ser rechazada

Fuentes cercanas al expediente explican a SOCIAL INVESTOR que la división entre los eurodiputados del grupo parlamentario democristiano se explica en gran medida por la oposición a ciertas partes del proyecto por parte de las principales asociaciones empresariales a nivel europeo, donde la voz española está representada. 

BusinessEurope (de la que es parte la CEOE), EuropeanIssuers (donde tiene representación Emisores Españoles) y EcoDa, la asociación europea de ‘board directors’ (de la que es miembro el Instituto de Consejeros-Administradores) han puesto claramente de manifiesto su desacuerdo este otoño.

Un precedente para los trabajos de la Comisión Europea

A simple vista el resultado de este tipo de resoluciones, no vinculantes, podría parecer un asunto baladí pero son parte de la potestad de iniciativa legislativa del Parlamento y orienta las futuras leyes que inicia la Comisión Europea. Pero además, este episodio  representa la punta del iceberg de un tema clave para la inversión ESG. 

Para entender con mayor claridad la discrepancia es oportuno recordar el contexto y trayectoria de este proyecto. El fomento del gobierno corporativo sostenible y la reducción del cortoplacismo en los mercados de capitales, como sostén de la inversión ESG, era el último de los diez puntos del ‘Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible‘ de 2018. 

Esta reforma ha quedado eclipsada por la taxonomía o la revisión de la Directiva de Información No Financiera

En cierta forma fue eclipsado por las grandes medidas legislativas del Plan (los reglamentos sobre la taxonomía, los indicadores, la información para los inversores, así como la revisión de la Directiva de Información no Financiera). La Acción 10 se limitó a encargar a la Comisión Europea un análisis exhaustivo sobre el potencial rediseño del marco de la gobernanza empresarial, y en concreto, de los deberes de los consejeros.

En particular, dos puntos. Primero, si es necesario exigir a los consejos de administración una estrategia de sostenibilidad con objetivos mensurables, incluido un procedimiento adecuado de due diligence en toda la cadena de suministro. 

Segundo, un potencial refresco de las leyes mercantiles europeas evaluando “la posible necesidad de clarificar las normas con arreglo a las cuales los consejeros deben actuar en el interés a largo plazo de la empresa”.

La Acción 10 también instaba a la Comisión a recabar el análisis de las autoridades del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, especialmente de la European Securities and Markets Authority (ESMA) en relación a la excesiva presión cortoplacista que los mercados de capitales ejercen sobre las empresas. 

El trabajo previo de documentación de la Comisión

A tal fin, la Comisión encargó a la firma EY un estudio sobre “directors’ duties and sustainable corporate governance» y otro estudio sobre “due diligence requirements through the supply chain” al ‘think tank’ British Institute of International and Comparative Law. Por su parte, la ESMA publicó su informe sobre cortoplacismo. 

Con base en estos estudios la Comisión percibió señales que podrían sustentar una acción regulatoria y legislativa, coherente con el Plan Verde publicado a finales de 2019. En abril de este año el comisario de justicia Didier Reynders anunció planes para legislar en el área de ESG ‘due diligence’ de la cadena de suministro (con clara inspiración de la Ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia de las empresas).

El texto de la Comisión Europea está abierto a consulta pública hasta el 8 de febrero

La Comisión inició asimismo un proceso de consulta pública (abierto hasta el 8 de febrero de 2021) bajo la etiqueta de ‘sustainable corporate governance’ orientado a incorporar la sostenibilidad en el marco de la gobernanza empresarial. 

Desde septiembre, y en ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, el Parlamento también se puso manos a la obra con dos resoluciones en las misma materias. La ya mencionada sobre gobierno corporativo sostenible, y una segunda sobre ‘due diligence’ y responsabilidad corporativa, que sí es vinculante para el futuro trabajo legislativo de la Comisión. La votación en Juri, previa al pleno, se esperaba para diciembre pero se ha pospuesto hasta 2021.

Los ‘peros’ de las distintas patronales europeas

Desde BusinessEurope se argumenta que el estudio de EY parte de una concepción errónea que asume que las compañías cotizadas europeas están regidas por el cortoplacismo y que no toman en consideración los intereses de la sociedad y de sus stakeholders.

BusinessEurope también tiene dudas sobre la metodología del estudio, en particular la muestra de su investigación: 4.700 empresas de 16 países, de las cuales un tercio es del Reino Unido, lo cual no capturaría la diversidad de los marcos normativos europeos.

Los empresarios dudan de la metodología utilizada por EY en los trabajos de documentación europeos

Respecto al ‘due diligence’, BusinessEurope objeta que una mayoría de empresas rechazaría un nuevo marco obligatorio para la cadena de suministro, abriendo dudas sobre su aplicación en la práctica y acarreando consecuencias no deseadas e imprevistas (por ejemplo la inversión de las empresas en terceros países o la transferencia de responsabilidades de los estados a las empresas). 

Igualmente, EuropeanIssuers ha alertado que según su parecer la Comisión no debería comenzar una acción legislativa basada en los estudios recabados hasta el momento. EuropeanIssuers argumenta además que el estudio de EY carece de rigor académico y cita la opinión de nueve académicos de Harvard al respecto. 

EcoDa, tras una conferencia conjunta con las otras dos asociaciones, resumió la discrepancia afirmando que el estudio de EY busca soluciones para problemas que no existen.

Es muy probable que el reciente voto en el Parlamento haya sido un ensayo general de las desavenencias que le esperan en 2021 al proyecto europeo de ‘sustainable corporate governance’ entre los diversos ‘stakeholders’ europeos.