El BCE, la EBA y la Ley de Cambio Climático fuerzan 24 meses de transformación ‘verde’ en la banca

La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que está terminando ya su tramitación parlamentaria, creará una nueva cita clave en la transformación energética del sector financiero español, que cuenta con un calendario muy apretado en esta materia a lo largo de los próximos 24 meses.

La aprobación de la nueva norma impulsada por el equipo de Teresa Ribera, previsiblemente, provocará que todos los bancos tengan que publicar metas de descarbonización de su cartera en 2023, alineadas con los objetivos del Acuerdo de París; de los que ya hemos visto unos primeros intentos en el caso del Banco Santander y BBVA.

Esta, sin embargo, será la última meta conocida de una carrera que durará dos años, en la que la transformación climática de la banca va a ser crítica; porque el calendario de eventos es muy extenso.

En 2021, la banca lleva a cabo un trabajo de campo de ‘autoevalución’ para alinearse con las exigencias del supervisor

En 2021, se está produciendo el ‘trabajo de campo’, ya que los bancos deben entregar al Banco Central Europeo (BCE) antes de junio un ejercicio de ‘autoevaluación’ sobre su grado de adaptación a las expectativas supervisoras presentadas este otoño por la institución que lidera Christine Lagarde.

Este autoanálisis servirá de base para los test de estrés climáticos -los primeros de la historia- que llevará adelante la European Banking Authority (EBA) en 2022. A partir de entonces, se publicarán de forma regular, convirtiéndose el clima en un elemento más que impactará en el capital de la banca, en su perfil de riesgo y en su negocio.

Muchas incógnitas técnicas

La claridad de este calendario, sin embargo, no se traslada a los requerimientos técnicos a los que deben someterse los bancos. El sector tuvo que esperar hasta el pasado noviembre para conocer las expectativas supervisoras del BCE y han tenido menos de medio año para trabajar con ellas y poder justificar ante el BCE en qué punto se encuentra cada una de ellas y planificar una hoja de ruta para adaptarse.

La primera ‘entrega’ de datos de 2021 ya se ha producido. En febrero, la banca tuvo que presentar un análisis de la situación actual comparado con las expectativas publicadas por el supervisor en otoño, explica Pablo Vañó, socio de FS Consulting de KPMG en España.

El mes que viene, se dará otro paso más. «Se debe reportar la definición de la hoja de ruta y los planes de acción para poder cumplir con las expectativas», avanza Vañó.

Las exigencias supervisoras del BCE son muy amplias: desde la organización interna, hasta el riesgo de liquidez

Es un trabajo intenso, porque las exigencias supervisoras del BCE son muchas: abarcan desde la inclusión de la sostenibilidad dentro de las responsabilidades de los ejecutivos financieros (y su relación con la política retributiva), hasta la medición de riesgos de liquidez, pasando por la propia estrategia de negocio de cada banco.

Con esta información, sobre la que el BCE dará ‘feedback’, se prepararán las primeras pruebas de resistencia climáticas, sobre unos parámetros que todavía son desconocidos, pero que se espera que afecten a todas las entidades españolas.

«Por analogía con los ejercicios actuales de estrés test, se prevé que se aplique para las entidades financieras significativas», apunta Pablo Vañó.

En 2021, esas entidades son Bankinter, el BBVA, el Banco Sabadell y el Banco Santander. CaixaBank y Bankia están eximidas por el proceso de integración -los test de estrés arrancaron en enero-, pero de cara a la prueba climática la fusión ya es efectiva.

En el caso de las entidades menos significativas, y cuya supervisión recae en el Banco de España, desde KMPG avanzan que es posible que se realice un ejercicio similar. En este segundo grupo estarían entidades como Kutxabank, Ibercaja, Unicaja (antes de la fusión con Liberbank) o Abanca.

Un escenario a largo plazo

Son muchas las incógnitas sobre cómo será el diseño técnico de los test de estrés climáticos. A diferencia de las pruebas de resistencia habituales, que crean escenarios ‘macro’ más o menos críticos para un periodo de tres años -los que arrancaron en enero someten al sector a tres años más de recesión- y miden su impacto en el capital, en el caso del test climático se espera que abarque periodos de tiempo muy extensos, llegando a los treinta años.

Esa visión largoplacista es especialmente compleja a la hora de establecer, por ejemplo, variable como el precio del CO2. La Unión Europea está reformando este mercado justo para dar credibilidad a los datos.

Entidades como el BBVA utilizan modelos internos en el cálculo del precio del CO2

Por el momento, bancos como el BBVA reconocen que están utilizando modelos internos para establecer su precio, pero se anticipa que la EBA aportará una guía homogénea de cara a las pruebas del año que viene.

En teoría, en la fecha de la ejecución de los test de estrés ya deberían estar en marcha una serie de reformas legislativas encaminadas a regular el precio del CO2.

«A priori estará regulado conforme la Directiva Europea de emisiones de CO2. En España se ha publicado recientemente el Proyecto de Ley y se espera un Real Decreto que lo desarrolle», señala Pablo Vañó, socio de FS Consulting de KPMG.

La idea de Luis de Guindos

Sin esa referencia, el mercado busca pistas sobre cómo serán los test y Luis de Guindos ha jugado a lanzar algunas ideas propias tal vez mirando más al largo plazo.

A mediados de marzo, el vicepresidente del BCE, en uno de los artículos del blog de la institución europea, especulaba con la idea de cómo incorporar en las pruebas la hoja de ruta hacia la descarbonización pactada en el Acuerdo de París.

«Por ejemplo, un escenario climático podría incluir una reducción de las emisiones de CO2 que sería compatible con el cumplimiento de los objetivos de temperatura del Acuerdo de París para 2100, así como caminos para el desarrollo tecnológico, tasas de adopción de fuentes de energía renovables y precios de la energía», apuntaba.

Para no alentar las especulaciones, no obstante, De Guindos puntualizaba que el ejercicio teórico realizado por el BCE no era comparable con el que se pondrá en marcha en 2022, pero la moneda sobre posibles revisiones de cara al futuro ya está lanzada.

«Difiere en enfoque de la prueba de estrés climático de supervisión, ya anunciada para 2022, que en cambio se basará en la autoevaluación de los bancos de su exposición al riesgo del cambio climático y su disposición para abordarlo», apuntaba el español en su artículo.

El efecto ESG, visible en los créditos desde junio

Al nivel de la ‘ventanilla’ bancaria, todas estas reformas también tendrán consecuencias. Por el momento, ya se está produciendo una discriminación positiva en términos de tipos de interés hacia los créditos ‘verdes’; una tendencia que no debería decaer dado que los bancos se van a ver obligados, poco a poco, a ir reclasificando sus préstamos teniendo en cuenta su calidad ESG y el precio es un forma de medir el riesgo.

«Las guías publicadas recientemente por la EBA establecen la necesidad de incorporar los criterios ESG en la concesión de préstamos. Esta guía aplica desde junio de 2021 para los nuevos préstamos concedidos«, explican desde KPMG.

El crédito concedido este verano ya deberá incorporar criterios ESG

Para los firmados antes de esa fecha, se establece un periodo transitorio hasta 2024. «No existe un criterio prestablecido y podrían incorporarse vía ratings ESG de proveedores externos, ratings internos ESG elaborados por las entidades…», enumera Pablo Vañó.

Pero esa facilidad no evita que el cambio sea complicado. Como muestra; las propias indicaciones de la guía técnica:

«En el caso de los préstamos o prestatarios asociados con un mayor riesgo medioambiental, se requiere un análisis más intensivo del modelo de negocio del cliente, que incluya un examen de las emisiones actuales y proyectadas de gases de efecto invernadero, el entorno del mercado, los requisitos de supervisión de ESG de las empresas en cuestión y los efectos probables por eventuales nuevas normativas que puedan afectar al cliente en cuestión».