Bruselas retrasa de nuevo la regulación ‘anti-greenwashing’

La Comisión Europea (CE) vuelve a retrasar la entrada en vigor de la regulación para controlar el ‘greenwashing’ en la industria de gestión de activos, con la que se desarrolla el Reglamento de Divulgación.

Entidades como la European Securities and Markets Authority (ESMA), organismo que aglutina las CNMV europeas, o la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), llevaban tiempo reclamando al Ejecutivo comunitario la aprobación del desarrollo de la normativa, pero la Comisión Europea reconoce que necesita más tiempo y eso llevará a un nuevo retraso en el plazo de implementación, que ahora se extiende hasta el 1 de enero de 2023, según Bloomberg.

Nuevo plazo ante la complejidad de la regulación

Tanto gestores como inversores llevan tiempo reclamando a las instituciones europeas que se defina con mayor claridad la regulación de la inversión socialmente responsable.

La CE contaba con aplicar la nueva normativa a partir del próximo 1 de julio de 2022, pero finalmente tendrá que retrasarla al menos otros seis meses.

El motivo, según explica John Berrigan, director general de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales del Ejecutivo europeo, las propuestas no podrán ser adoptadas en el plazo “dada su duración y detalle técnico, que requiere tiempo adicional en el proceso de adopción”.

Bruselas sí aplica desde marzo la primera parte del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés), en el que se han introducido las categorías relacionadas con la sostenibilidad, como son los fondos artículo 8 -verde claro- y los artículo 9 – verde oscuro-.

Aún queda un largo camino

La regulación sostenible ya acumula varios retrasos. En principio, que una parte del desarrollo normativo hubiera entrado en vigor el próximo 1 de enero.

Sin embargo, desde la industria de la inversión de activos ya se había pedido un aplazamiento para que la actualización normativa fuera completa y las gestoras no se vieran obligadas a tener que actualizar varias veces toda la documentación; a medida que se iba actualizando la normativa.

Uno de los pasos que está ‘atascado’ es la propia taxonomía de actividades sostenibles, a la que tiene que referirse una parte de las ‘actualizaciones’ del Reglamento de Divulgación.

Por el momento, la Comisión Europea sigue sin pronunciarse sobre la inclusión -o no- del gas y la energía nuclear. Un paso de este tipo iría en contra de la posición de la propia industria de la inversión responsable.

Después de PRI, Eurosif también se ha posicionado a favor de mantener estas energías fuera de la clasificación, ya que romperían el objetivo de crear una taxonomía alineada con las recomendaciones científicas.