Arancel climático, fin del coche de combustión o reforma del mercado de carbono: lo que cambia en la UE

Europa pondrá en marcha un nuevo mercado específico para las emisiones del transporte o la construcción, que contará con un mecanismo que evite el incremento excesivo de precios. Cambia el modelo para las líneas aéreas

La Unión Europea ha publicado este miércoles un amplio paquete de propuestas de reformas legislativas, denominado ‘Fit for 55‘, en el que se incluyen muchas novedades con las que se espera que la unión reduzca el volumen de emisiones un 55% respecto a los niveles preindustriales. Este nuevo compromiso se fijó en la Ley del Clima aprobada este año.

Algunas de las grandes novedades son la creación de un arancel a las importaciones de carbono -el denominado Carbon Border Adjustment Mechanisms-, la reforma del mercado de emisiones, que conlleva el nacimiento de un nuevo mercado solo para las emisiones procedentes de los transportes o el inmobiliario (también el residencial) o la fijación de la fecha de caducidad en 2035 para la venta de coches de combustión.

Una entrada en vigor paulatina de aranceles

La Comisión Europea señala que el Carbon Border Adjustment Mechanisms (CBAM) se ha diseñado en acuerdo con la World Trade Organization (WTO). Bajo el nuevo mecanismo, los importadores de la UE comprarán certificados equivalenes al precio del carbono que se habrían pagado si los bienes se hubieran producido según las normas de fijación de precios del carbono de la UE.

Una vez que un productor de fuera de la UE puede demostrar que ya ha pagado un precio por el carbono utilizado en la producción de los bienes importados en un tercer país, el coste correspondiente puede deducirse por completo para el importador de la UE.

La Comisión señala que este mecanismo ya funciona en algunas regiones del mundo, como California, donde se aplica a las importaciones de electricidad, y avanza que otros países como Canadá o Japón están trabajando en medidas similares.

El acero, el cemento, la electricidad, los fertilizantes o el aluminio se verán afectados por este arancel climático

La entrada en vigor de esta medida se producirá de forma gradual. «Inicialmente solo se aplicará a un número determinado de bienes altamente emisores de carbono como el acero, el cemento, los fertilizantes, el aluminio o la generación eléctrica«, señala la Comisión Europea.

«Se pondrá en marcha un sistema de informes a partir de 2023 para esos productos con el objetivo de facilitar un despliegue fluido y facilitar el diálogo con terceros países, y los importadores comenzarán a pagar los ajustes financieros en 2026», especifican desde Bruselas. Los ingresos logrados por el CBAM contribuirán al Presupuesto de la UE.

Estos certificados cotizarán fuera del mercado regulado de carbono de la UE, pero la cotización dentro del ETS servirá de referencia a la formación de precios de estos activos.

«El precio de los certificados se calculará en función del precio medio semanal de subasta de derechos de emisión del EU ETS expresado en € / tonelada de CO2 emitido. Los importadores de las mercancías deberán, ya sea individualmente o mediante un representante, registrarse ante las autoridades nacionales donde también pueden comprar certificados CBAM», avanza.

Más límites a las emisiones, nuevos sectores y nuevos mercados

Otra de las novedades presentadas por la Comisión Europea esta miércoles ha sido la reforma del mercado de carbono para adaptarse al nuevo compromiso de reducir las emisiones al 55% en 2030.

«La Comisión propone que las emisiones de los sectores actuales del ETS EU se reduzcan en un 61% para 2030, en comparación con los niveles de 2005. Esto representa un aumento de 18 puntos porcentuales en comparación con la contribución actual, que está fijada en el 43%», explican desde Bruselas.

La aviación pasará a la subasta completa de derechos en 2027

Este nueva meta, que supone reducir las emisiones un 4,2% cada año, frente al 2,2% actual, y tiene implicaciones directas para una serie de sectores, como, por ejemplo, el de aviación, que contaba con una serie de ventajas, como gratuidad en emisiones. Sin embargo, con la reforma presentada este miércoles pasará a integrarse dentro de la subasta completa de derechos en 2027.

Asimismo, otra serie de sectores se incorporarán a este mercado; concretamente, las empresas relacionadas con el transporte marítimo.

En contraste, «las emisiones de los combustibles utilizados en el transporte por carretera y la construcción se incluirán en un nuevo sistema de comercio que irá por separado», avanza la Comisión Europea. Este nuevo mercado entrará en funcionamiento en 2025 y los límites a las emisiones se establecerán en 2016.

La hoja de ruta establece en este nuevo mercado los límites de emisiones irán reduciéndose paulatinamente para lograr el objetivo de lograr una contracción del 43% en 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Este objetivos cuadra con otra de las grandes medidas anunciadas por Bruselas, que es impedir la venta de coches combustión (gasolina, diésel) a partir de 2035. Es una cifra que se adelanta cuatro años a la que actualmente estaría en vigor en España.

La venta de coches de combustión se prohibirá a partir de 2035

Dado que la evolución del nuevo mercado podría tener un impacto en el coste para las familias contará con un mecanismo para controlar un aumento «excesivo» de los precios.

En concreto, se pondrá en marcha un Fondo Social para el Clima (Social Climate Fund), que mitigue el incremento del coste en el presupuesto de las familias más vulnerables, las pymes y los usuarios de transporte.

«El Fondo Social para el Clima se financiaría con cargo al presupuesto de la UE, utilizando una cantidad equivalente al 25% de los ingresos previstos del comercio de emisiones de combustibles para la construcción y el transporte por carretera. Proporcionará 72.200 millones de euros de financiación a los Estados miembros durante 2025-2032», explica la Comisión Europea.

Su propuesta ahora tendrá que ser validada por el Parlamento o el Consejo Europeo, por lo que los textos finales pueden ser diferentes. El proceso legislativo puede durar dos años.

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