Por qué las gestoras españolas están en el furgón de cola en ‘engagement’

Los pesos pesados del sector van retrasados respecto a otros países en esta materia. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital debería impulsar mejoras

La industria de la gestión de activos puede jugar un papel crítico en las transformaciones urgentes de la economía que requiere la crisis climática. Uno de los ejes de actuación imprescindibles para avanzar en sostenibilidad es promover la acción climática ejerciendo su influencia y poder de voto como accionistas, forzando la metamorfosis de las empresas menos comprometidas con la transición hacia una economía descarbonizada.

Y este es un ámbito en el que los grandes grupos inversores españoles todavía figuran retrasados en la comparativa con sus homólogos internacionales.

Más allá de subirse a la ola de la oferta de productos «sostenibles» a falta de una regulación clara que evite el ecoblanqueo o ‘greenwashing’, las firmas de inversión españolas tienen la oportunidad de comprometerse realmente en la Gobernanza, la G de los criterios ESG: ambientales, sociales y de buena gobernanza (por sus siglas en inglés).

«Para los grupos inversores comprometidos en ESG, los temas de gobernanza de las compañías en las que invierten son medibles desde hace muchos años, mientras que los indicadores ambientales y sociales están por desarrollar y concretar, existiendo métricas muy dispersas», explica Juan Prieto, fundador del ‘proxy’ español Corporance.

¿En qué consiste la implicación?

La implicación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto de implicar o implicarse, esto es, hacer que alguien se vea comprometido, participe o se interese en un asunto. En el ámbito financiero, suele emplearse como equivalente el anglicismo ‘engagement‘, al anclarse su tradición en el mundo anglosajón.

En palabras de Larry Fink, el presidente y consejero delegado de BlackRock, el ‘engagement’ es la forma de entender el gobierno corporativo y la sostenibilidad de las compañías y de comunicarles su visión para que comprendan sus expectativas como inversores.

Esta implicación por parte de los inversores se engloba en un trabajo más amplio de vigilancia o ‘stewarship‘, que no es más que su responsabilidad de votar, vigilar y relacionarse con las compañías en materia de estrategia, riesgo, resultados, estructura de capital, gobierno corporativo y remuneración en sus participadas.

El panorama del ‘engagement’ español

Para comprender la escasa implicación con los accionistas por parte de los grupos inversores españoles es necesario analizar diversos factores que influyen en la industria. En grandes líneas, estos se justifican por alguno de estos tres aspectos:

  • Una legislación menos exigente
  • El menor tamaño de las gestoras
  • Una cultura inversora centrada en lo financiero

La falta de iniciativa propia por parte de las gestoras durante años no se ha visto forzada a cambiar por un impulso regulatorio, que finalmente sí ha llegado, vía Europa.

Atraso en la regulación

La implicación es común en los inversores institucionales desde hace décadas, tanto en los Estados Unidos y el Reino Unido como en Francia, Alemania, Suiza, Holanda o los países nórdicos, por sus normativas o códigos de conducta.

Estos códigos establecen obligaciones fiduciarias a los accionistas, dueños de las compañías en las que invierten. En el sur de Europa, sin embargo, esta práctica no se ha extendido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores incluye en su Plan de actividades del 2021 el análisis y la elaboración de al menos un informe sobre un posible código de buenas prácticas para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas. Este objetivo, previsto inicialmente para 2020, se pospuso por la pandemia.

La CNMV pospuso su código de buenas prácticas por la pandemia

De momento, para cerrar esta brecha, la directiva europea de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas (SRD II) busca fomentar y armonizar la inversión responsable en todos los países de la Unión Europea.

En el caso España, donde trasposición de dicha Directiva ha visto reflejada en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acaba de ser aprobada por el Congreso y el Senado, pero está a la espera de ser publicada en el BOE.

Las Directivas que ya se habían aprobado previamente, aunque con dos años de retraso, son las nuevas obligaciones en este sentido para las aseguradoras y fondos de pensiones de empleo, aprovechando la transposición de sus correspondientes directivas (IDD e IORP II).

«Esta reforma será un acicate al ‘engagement’ para los inversores españoles»

Eduardo Sancho (Morrow Sodali)

Una vez que la reforma de la Ley de Sociedades de Capital vea la luz, sí que se espera un cambio en las políticas de implicación de las empresas.

«Esta reforma de la ley es un acicate al ‘engagement’ para los inversores españoles. Entre otras cuestiones, las gestoras han de detallar sus criterios financieros y no financieros a la hora de hacer sus decisiones de inversión, especificar su política de ‘engagement’ y dar cuenta de sus criterios de voto en junta de accionistas «, avanza Eduardo Sancho, manager de Corporate Governance del ‘solicitor’ Morrow Sodali.

Esta nueva legislación también facilita la identificación del beneficiario último de las acciones, por lo que las propias emisoras tendrán una herramienta que les permitirá saber quiénes son estos -a nivel doméstico y en el extranjero- y, motu proprio, entablar ‘engagement’ con ellos de forma directa o con la ayuda de un ‘proxy solicitor’, según explica Sancho.

La ley prevé una excepción para no explicar la implicación si se justifica el porqué

Sin embargo, Prieto recuerda que el texto reserva una vía de escape a esos inversores, que pueden no tener que desglosar sus políticas de implicación si explican detalladamente por qué no lo hacen, de forma que les bastará con “publicar una explicación clara y motivada sobre las razones para no hacerlo”.

Menor tamaño e implicación

Como consecuencia de las políticas de ‘stewardship’ más avanzadas de otros países, el ‘engagement’ alineado con compromisos climáticos ya ha sido implementado por otros algunos de los gestores europeos durante años, pero no ha encontrado una réplica similar en España.

Los expertos recuerdan que hay que tener en cuenta las mayores dificultades asociadas al menor tamaño del sector de la inversión colectiva en España, en fondos de inversión y pensiones, comparado con Europa.

Es posible subcontratar el ‘engagement’ pero conlleva un coste

«El ‘engagement’ en las gestoras conlleva un coste y un tiempo de dedicación, aunque se puede minimizar y subcontratar, pero puede ser significativo para las entidades más pequeñas», justifica Juan Prieto.

Este menor tamaño redunda en la poca información disponible para comparar el desempeño de los inversores españoles con sus relativos en estas cuestiones de implicación de sus accionistas.

El tamaño hace más difícil comparar la implicación de las gestoras españolas

Así, en el último análisis de Share Action que pone nota a los mayores 75 gestores de activos a nivel mundial por su aproximación a la «inversión responsable» en 2019 solo se incluye Santander Asset Management (181.000 millones, 2020) entre las entidades españolas.

La gestora del grupo bancario liderado por Ana Botín, por cierto , sale muy mal parada en dicho ranking internacional. Ocupa el puesto 64, con la peor calificación posible, la ‘E’, que significa «un mal manejo de los riesgos y las oportunidades de inversión responsables».

Otro informe anterior, de 2017, de la misma ONG, centrado en las 40 mayores gestoras europeas también incluía a BBVA AM. La gestora del banco azul ocupaba la última posición, siendo la peor valorada por Share Action en relación a su desempeño en términos de gobernanza, voto, implicación, medida del impacto y conflictos. En ese ranking, Santander AM también estaba en la cola, con el puesto 35.

Cambio cultural

Los inversores institucionales españoles, y también los minoristas, han votado en las juntas nacionales en menor proporción incluso que sus homólogos europeos: con un 32% del voto en 2019, frente al 71% de los inversores de Estados Unidos o el 54% de los accionistas del Reino Unido en las juntas españolas.

No obstante, el fundador de Corporance cree que esta baja participación se corregirá con la transposición de la directiva de implicación de accionistas. Su principal objetivo es fomentar la implicación de los accionistas a largo plazo, pero «no vale con solo apretar en el lado de las empresas, también hay que presionar a la parte inversora», asegura.

«Confío en que esto cambie y que los inversores españoles, como ya lo hicieron las cotizadas, den un paso adelante y adopten las mejores prácticas internacionales también en inversión responsable y sostenible«, ahonda.

El cambio cultural conllevará repensar la forma de abordar la inversión

Por su parte, Sancho, de Morrow Sodali, explica que las gestoras españolas han sido más proclives al ‘engagement’ tradicional de carácter financiero con los ejecutivos de las empresas en que invertían.

Entre los factores indirectos, Sancho, destaca aquellos de índole cultural como el «excesivo enfoque financiero» que las gestoras españolas y la ausencia de «equipos más diversos», con miembros que no procedan de entornos financieros tradicionales.

En ese sentido, el experto de Morrow Sodali considera que la industria afronta un cambio cultural que requiere repensar su forma de abordar la inversión y la gestión de activos.

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