Martínez-Aldama (Inverco) prevé que el ‘tsunami’ normativo intensifique las fusiones de gestoras

El presidente de Inverco plantea el reto que supone para el sector de la inversión colectiva el avance regulatorio y asegura que "no hay marcha atrás" en las cuestiones ESG

Ángel Martínez-Aldama, presidente de INVERCO

El ‘tsunami’ normativo desplegado desde Europa, que quiere liderar la transición verde, podría tener efectos secundarios no deseados en la industria de gestión de activos española, que acaben perjudicando a los inversores, según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

«Un efecto indeseado de la mayor exigencia normativa es que favorece procesos de fusiones porque hay entidades que no pueden afrontar este exceso de gastos que en muchos casos no están justificados», explica Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, en una entrevista con SOCIAL INVESTOR.

La adaptación al nuevo Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) ha sido uno de los últimos esfuerzos que ha llevado a cabo la industria financiera española, que ya está inmersa en procesos de consolidación, principalmente impulsados desde las matrices bancarias.

Estas fusiones también se están llevando a cabo en el mercado europeo. Con una salvedad, en España el sector presenta dos diferencias clave frente al resto de países: su menor tamaño —como empresas y en volumen gestionado— y el tipo de clientes al que están dirigidas.

El 80% de los partícipes de fondos son clientes minoristas, en lugar de institucionales como ocurre en el resto de la industria europea, explica Martínez-Aldama. Estos, además, todavía «no tienen el nivel de concienciación sobre la ESG que ya hay en otras latitudes europeas», asegura.

Por otro lado, destaca que la industria de la inversión colectiva en España «es muy de pymes», es decir, está plagada de pequeñas y medianas empresas, aunque la mayor parte del mercado se reparte entre las grandes gestoras de grupos bancarios.

«A pesar de que las normas ya incluyen criterios de proporcionalidad, este maremágnum regulatorio —desde 2011 y que continúa— va a generar más costes regulatorios y de reporte«, lamenta el presidente de la patronal de la inversión en España.

Según Martínez-Aldama, ello desemboca en un incremento de los gastos y de las dotaciones que las gestoras tienen que hacer para cubrir las nuevas exigencias, que pueden externalizar. «Cuanto menos volumen gestionado o masa tienes, el coste proporcionalmente es mayor«, plantea.

Si se reduce el número de operadores en el mercado podrían incrementar los precios

Esa situación hace que ciertas entidades, especialmente entre las más pequeñas que no pueden afrontar este exceso de gastos, se planteen acuerdos «para buscar sinergias y economías de coste». Para Inverco, este es uno de los «efectos indeseados» de la mayor exigencia normativa.

«Estamos generando un proceso de reducción en el número de operadores. A medio y largo plazo, esto genera un efecto perverso o negativo para el ahorrador: se reduce el número de oferentes en un mercado y puede llegar a una situación de incremento de costes y de precios«, explica Martínez-Aldama.

¿Está justificado tanto requerimiento?

‘Better regulation’ es uno de los ‘leitmotiv’ de la Comisión Europea. Para el presidente de Inverco, es algo que habría de tenerse en cuenta cada vez que se hagan propuestas de norma. «Queremos una mejor regulación, pero no más regulación», señala.

Se trata de una cuestión que no tiene visos de mejora, y es hay al menos varios frentes normativos abiertos en el horizonte. «Cada año hay más cambios y adaptaciones, esto no para», reconoce el presidente de Inverco.

«Queremos una mejor regulación, pero no más regulación»

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco

«En muchos casos habría que hacer un análisis de la justificación de todas la normas. No digo que gran parte de ellas no estén justificadas, pero algunos aspectos de gran parte de ellas no lo están», lamenta Martínez-Aldama.

A su juicio, las normas cada vez son más detalladas y exigentes. «Esto tiene una parte positiva, que también hay que dejar clara, pero las barreras de entrada se complican cada vez más», zanja.

En la inversión ESG «no hay marcha atrás»

A pesar del incremento regulatorio y los esfuerzos que se le exigen, la industria de la inversión colectiva española no vive un mal momento. Martínez-Aldama pone una nota «alta» a su actuación durante la pandemia.

Y es que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, cuando el sector perdió el 40% del patrimonio, esta vez la industria ya se ha recuperado del ‘shock’ registrado en los mercados con el estallido de la pandemia. Los fondos de inversión nacionales cerraron abril en un máximo de 291.540 millones de euros.

El 70% de las gestoras ya ofrece fondos ISR

«El comportamiento de los partícipes ha estado a la altura de las circunstancias. Se han mantenido las políticas de inversión y los plazos previstos», explica Martínez-Aldama, quien subraya el papel de la gestión discrecional para evitar tomar malas decisiones.

Entre los retos abiertos para las gestoras está el incremento de la oferta ESG. Según una encuesta reciente del Observatorio de Inverco, siete de cada diez ya cuentan con fondos de inversión socialmente responsable (ISR). El resto está en proceso de constituirlos en el corto plazo.

«En España, la concienciación sobre ESG del gran público no es excesiva, pero si la oferta está, la demanda se retroalimenta. En este proceso ya no hay marcha atrás», asegura Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

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