Los riesgos sociales de la revolución verde

El activismo exige que se integren estos criterios en las propuestas para cumplir el Acuerdo de París para evitar el impacto en el empleo

El activismo ESG comienza a temer los efectos adversos que pueden generarse por la transición verde que, con mayor o menor entusiasmo, los principales países del mundo parece que están asumiendo que es necesario poner en marcha.

Este salto, sin embargo, además de requerir de fuertes inversiones, también debe venir acompañado de medidas que aseguren que el proceso se genere con el menor impacto negativo posible sobre el empleo y también sobre las zonas económicas más desfavorecidas.

ShareAction, por ejemplo, calcula que solo con el cierre de plantas de carbón en el Norte de Inglaterra se van a destruir más de 28.000 empleos, lo que está impulsando a la ONG a pedir que la transición se realice de una manera «justa».

No solo es una cuestión de trabajo, sino de la calidad de vida en las zonas que puedan verse más afectadas.

Solo en el Norte de Inglaterra se perderán 28.000 empleos por el cierre de minas de carbón

La revolución digital ya está demostrando que estos cambios, que incrementan a largo plazo la rentabilidad, tienen sin embargo efectos negativos en el corto.

Uno de los ejemplos más evidentes que tenemos en España es el proceso de reducción de plantilla que están impulsando los bancos en los últimos años; con los expedientes de regulación de empleo (ERE) de firmas como BBVA o Caixabank como los ejemplos más recientes.

La transición energética va a requerir de fuertes actualizaciones en diversos campos, que, para la ShareAction, deben ser tenidos muy en cuenta por los legisladores, que actualmente se están implicando con fuerza en la lucha contra el cambio climático.

«Si los políticos fallan a la hora de convertir la igualdad y la equidad sean una prioridad en la transición podríamos ver daños económicos y sociales relevantes», pronostican desde la ONG.

Asimismo, recuerda que las áreas más pobres son las que sufren los peores efectos de la crisis climática, a pesar de que tienen la menor responsabilidad en haberla causado.

Por ello, pide a la Unión Europea y al Reino Unido que incluyan «la transición justa» como una parte central de los compromisos de descarbonización que están desplegando.

La importancia del desarrollo de lo social

Mientras que la Unión Europea avanza en sus planes de creación de una taxonomía social, el activismo aboga para que los derechos humanos se pongan en el centro de la transición ecológica.

«Una de la barreras más claras en la consecución de una transición justa es la falta de una ‘due diligence’ en derechos humanos por empresas e inversores», apunta ShareAction.

«Esto significa que los abusos de los derechos humanos todavía abundan en las prácticas comerciales globales, incluido el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de paneles solares», añade.

Como propuesta, sugiere a las autoridades europeas convertir esa ‘due diligence’ en obligatoria.

El otro campo de actuación es el de los inversores. Es esencial que «presionen a las empresas para que mantengan un diálogo social significativo con las comunidades y los trabajadores a la vanguardia para hacer frente a los desafíos relacionados con la transición», señala la ONG.

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