Los riesgos legales y reputacionales empujan al capital privado a volcarse en los criterios sociales

El auge del ESG entre los inversores va más allá de los flujos hacia fondos líquidos o el activismo en empresas cotizadas. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de las consideraciones sociales, que ganan relevancia en el mercado de capital privado.

Por su diferente naturaleza, las herramientas y los pasos a seguir por la firmas de ‘private equity’ en las tareas de ‘engagement’ por la sostenibilidad medioambiental y social difieren de las estrategias de las gestoras que invierten en activos líquidos.

Sin embargo, comparten los riesgos legales y de reputación que les llevan a abordar cuestiones como los derechos humanos de forma más prioritaria cada vez. Entonces, ¿cómo tratar estos asuntos a la hora de invertir?

La actuación y los protocolos de algunas firmas activas en el ‘engagement’ social, como PAI Partners, Abris Capital Partners, Stepstone o Polaris, pueden servir al sector.

Precisamente, los Principios de Inversión Responsable (PRI) han puesto como ejemplo la experiencia de estas gestoras firmantes en la incorporación de los derechos humanos en su inversión.

«Abordar los derechos humanos no solo habla del núcleo de la humanidad como personas, sino también de la responsabilidad como inversores y fiduciarios de proteger, agregar valor y maximizar los rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo», señalan desde Stepstone.

Áreas clave en los derechos humanos

Hay varias áreas en que el análisis social cobra especial importancia. De acuerdo a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP), el análisis del trabajo, el uso de la tierra y los datos debe hacerse desde la perspectiva del titular de los derechos humanos.

En el ámbito de los datos, la forma en que se recopila, gestiona, protege y valora la información personal es fundamental en la evaluación de los derechos humanos, según la experiencia de Stepstone, que ve crítico este punto en los sectores médico y tecnológico. 

El trabajo, el uso de la tierra y los datos son algunas de las áreas más relevantes

De forma más general, en cualquier sector, el plano del trabajo es el principal protagonista en el análisis del riesgo de violaciones de estos derechos.

Entre las áreas de riesgo están las condiciones laborales, el uso de agencias de empleo que contratan trabajadores temporales, la cadena de suministros y el uso de nuevas tecnologías.

En relación con los empleados de las empresas en cartera, estas gestoras de capital privado analizan cuestiones como las normas disciplinarias, la diversidad e inclusión, los protocolos ‘anti-mobbing’, el trabajo infantil, los salarios justos y la libertad sindical.

En el ámbito de los trabajadores, esta práctica asegura que no solo la empresa desarrolle una fuerza laboral comprometida que opere en condiciones seguras, sino también sus proveedores. 

No se trata de altruismo. De esa forma, se logra una mayor eficiencia, se asegura la calidad de los productos y servicios y también se reduce el riesgo de pérdidas por accidentes o huelgas. Además, permite reducir riesgos en otras áreas de influencia.

«Existe un vínculo indiscutible entre el respeto a los derechos humanos y la mitigación del riesgo de corrupción, principalmente en relación con el contacto con funcionarios de la administración estatal y reguladores», señalan desde Abris Capital Partners.

Las cadenas de suministro pueden ser un punto débil en el desempeño social de ciertos sectores

De su lado, PAI Partners pone el énfasis de su ‘engagement‘ social en las cadenas de suministro. La fragmentación geográfica y el abastecimiento de múltiples proveedores en cada nivel de la cadena de valor de un producto puede generar riesgos sociales, según advierten.

«Cuanto más depende una empresa de su red de suministro y de los recursos externos, como sus subcontratistas, más vulnerable se vuelve, más difícil es evaluar los riesgos ESG y más control de toda la cadena es necesario«, explican desde la firma de inversión.

Frente a esto, su análisis consiste en la implementación de una hoja de ruta de sostenibilidad, que incluye requisitos específicos para la industria de la empresa objetivo, estándares de certificación de abastecimiento y sostenibilidad, la cadena de suministro interna y el cumplimiento de los códigos de conducta.

El protocolo a seguir

En líneas generales, el proceso de integración ESG en el capital privado va desde la investigación en el proceso de inversión, para la gestión de los riesgos, hasta la monitorización y creación de valor durante el ciclo de vida de la inversión.

Como fase preliminar, algunas firmas de capital privado usan listas de exclusión ESG. Debido a la naturaleza ilíquida de la clase de activos, la mayoría considera que la ‘due diligence’ previa a la inversión es de vital importancia.

Entre la lista de elementos clave, Polaris incluye la evaluación del cumplimiento de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Si la compañía evaluada no se alinea con estos compromisos puede tener riesgos de sostenibilidad social sin identificar y será necesario asignar recursos para establecer el sistema de gestión requerido.

Con estas investigaciones, las firmas de capital privado tratan de identificar los problemas materiales, averiguar si seguirán activos tras la inversión y si se pueden establecerse canales de información en caso de que se requiera una acción.

Con toda esa información la decisión inversora está preparada para incluir planes de acción en el área ESG a la hora de plantear la adquisición.

Después de la inversión, para cada empresa de la cartera, el nivel de riesgo de derechos humanos se evalúa más a fondo. Hay tres tipos de información clave: la exposición al riesgo, las prácticas de gestión y los requisitos de cumplimiento.

En la ejecución de dicho plan de sostenibilidad, los expertos destacan la importancia de realizar un seguimiento, ya sea trimestral o anual, hasta el ‘exit’.

Cláusulas y auditorías especializadas

En la implementación de prácticas relacionadas con los derechos humanos, Abris obliga a cada sociedad de su cartera a incluir una cláusula de derechos humanos en los contratos con socios comerciales. 

Así, por ejemplo, las empresas que utilizan agencias de empleo deben implementar un sistema de gestión de derechos humanos eficaz, que incluya, por ejemplo, visitas a los alojamientos de los empleados. 

En cuanto a su inversión en compañías que tienen proveedores ubicados en países con mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, la estrategia comprende también la implementación de procesos de monitorización.

Estas deben, además, contar con los certificados adecuados como SA8000 —basado en los principios y derechos laborales internacionales conformes a la Organización Internacional del Trabajo— y pasar auditorías independientes que sigan estándares como el código de conducta BSCI o de comercio ético SMETA. 

Como punto final conviene destacar que estas iniciativas voluntarias de determinados sectores inversores se normalizarán, previsiblemente, vía regulación en un plazo no muy lejano.

Según han dejado entrever los anuncios de la Comisión Europea, las ‘due diligence’ en derechos humanos se impondrán en las empresas en próximas regulaciones.