Lobbies y grandes inversores ponen el foco en el aspecto olvidado por la ESG: la elusión fiscal

Durante la campaña electoral que le alzó a la Casa Blanca, Donald Trump se jactó de que el no pagar impuestos era una muestra de su inteligencia (“that makes me smart”).

Ésta es la actitud que ha dominado hasta hace bien poco en el mundo de los negocios y las finanzas, imbuido por el dogma del ‘shareholder value maximisation’: cuanto menos impuestos paguen las empresas, más rédito se repartirán sus accionistas. 

Esta vieja escuela ha empezado a ser desbancada en la última década. En primer lugar debido a la austeridad, receta amarga (y equivocada, como admitió el Fondo Monetario Internacional) para paliar los efectos de la crisis financiera global de 2008. 

Mientras la calidad de los servicios públicos se veía deteriorada, noticias sobre cómo las multinacionales pueden reducir su carga tributaria al mínimo soliviantaron a la opinión pública. 

Las filtraciones a la prensa de los ‘Papeles de Panamá’, los ‘Papeles del Paraíso’, o más recientemente los ‘Papeles de Luanda’, pusieron de manifiesto la verdadera dimensión del problema de la elusión fiscal.

«Los inversores ESG pueden desempeñar un papel crucial, dejando ver a los poderes públicos que estarán de su parte en la lucha contra el ‘tax avoidance'»

Su solución última compete a los gobiernos y organizaciones supranacionales quienes, a pesar de estar más concienciados al respecto, continúan su carrera hacia el abismo fiscal. No obstante, los inversores ESG pueden desempeñar un papel crucial, dejando ver a los poderes públicos que estarán de su parte en la lucha contra el ‘tax avoidance’. 

Teniendo en cuenta la sangría de recursos públicos que está requiriendo la pandemia, los gobiernos necesitarán tal apoyo y deberán, si no denegar, al menos reclamar la eventual devolución de todo rescate financiero prestado a compañías que eluden impuestos. 

Progresivamente, la elusión fiscal se posiciona como un asunto de gobierno corporativo que los inversores no pueden pasar por alto. Prueba de ello es la creciente labor de investigación que lleva a cabo ‘Principles for Responsible Investment‘ (PRI). 

Diversos grupos de trabajo, entre cuyos miembros no hay español alguno, analizan enfoques colaborativos de cómo empezar a hacer ‘engagement’ con las empresas de sus carteras de inversión. 

Es cierto que la cuestión aún no está generalizada, pero ya hay antecedentes e iniciativas interesantes en la agenda de influyentes inversores institucionales de las se podría tomar buena nota en España. 

«La elusión fiscal se posiciona como un asunto de gobierno corporativo que los inversores no pueden pasar por alto»

En primer lugar, Norges Bank Investment Management (NBIM), que gestiona el fondo soberano noruego con activos de más de 1 billón de dólares. 

En abril de 2017 NBIM publicó su ‘Expectation Document on Tax and Transparency‘, que deja claro lo que espera de las compañías dónde invierte el ahorro de los ciudadanos noruegos: “cumplir con la letra y el espíritu de las leyes tributarias en el momento en que se promulgaron”.

El gigante institucional noruego, sólo superado en tamaño por su contraparte japonesa, invierte en promedio un 1,4% en el capital social de prácticamente todas las cotizadas de los principales índices bursátiles del mundo (2,4% a nivel europeo)

El consejo de administración, responsable de la estrategia tributaria

Las expectativas de NBIM se resumen en tres puntos. Primero, la estrategia fiscal es responsabilidad del consejo de administración. Segundo, las compañías deben pagar impuestos en la jurisdicción donde operan y generan valor. Tercero, las compañías deben usar ‘Country-by-Country Reporting’ (un método que desglosa información esencial de su actividad país por país, previo a cualquier ‘profit shifting’).     

Un segundo hito en la involucración de inversores responsables en materia de ‘tax avoidance’ se dio en 2018, cuando una curiosa propuesta se introdujo en la junta de accionistas de Facebook.

Los proponentes (el fondo del sindicato American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations y la gestora Domini Impact Investments) pedían al consejo de administración que adoptara una política fiscal responsable que limitase la elusión fiscal.   

Tal tipo de propuestas son una rareza. Los accionistas proponentes enmarcaron su argumentación en el riesgo reputacional y de litigiosidad que los conflictos con el fisco suponían para el valor de la acción. Se argumentaba además que las técnicas de elusión fiscal no daban una imagen fidedigna del desempeño financiero de la compañía.

La propuesta obtuvo solamente un 1,5% de apoyo, no obstante influyentes nombres la respaldaron: NBIM, Legal & General Investment Management, Royal London Asset Management, el Cuarto Fondo Nacional de Pensiones Sueco (conocido como AP 4) o el fondo de pensiones del estado de Illinois.

Un tercer ejemplo lo ofrece Shareholders for Change (SfC), un grupo de inversores europeo que lleva a cabo ‘engagement’ con compañías del sector de las telecomunicaciones de sus respectivas carteras. (Entre los miembros fundadores de SfC hay un representante español, Fundación Finanzas Éticas).

«La elusión fiscal es un asunto de gobierno corporativo que requerirá más atención por parte de los inversores»

Si bien la motivación de SfC está más cercana a la inversión ética que a la integración de factores materiales ESG para ajustar riesgo-beneficio, su actividad de ‘engagement’ demuestra que la elusión fiscal es un asunto de gobierno corporativo que requerirá más atención por parte de los inversores. 

Visualización a través de la información financiera

En cuarto lugar, el Global Reporting Initiative (GRI) publicó a principios de este año unos estándares de transparencia fiscal (GRI 207: Tax 2019) que recogen los principios del ‘Country-by-Country Reporting’. Su elaboración fue alentada por los inversores institucionales citados anteriormente y muchos más, como el fondo de inversiones de la la Iglesia de Inglaterra  o el fondo de los empleados públicos de la ciudad de Nueva York. 

Aunque su aplicación es voluntaria, las compañías que decidan usarlos y los inversores que los reclamen, estarán consolidando la mejor práctica en el terreno poco trillado del ‘tax engagement’.

Por último, la iniciativa ‘Fair Tax Mark‘, una certificación voluntaria independiente que otorga un sello de excelencia a las compañías que prueban cumplir con sus obligaciones tributarias. El fondo de la Iglesia Metodista, un destacado inversor ético del Reino Unido, decidió hacer campaña este año para que las empresas de su cartera consiguieran el ‘Fair Tax Mark’. Quizá para dar ejemplo, la propia gestora del fondo, Epworth Asset Management, consiguió el sello recientemente convirtiéndose en el primer inversor institucional en lograrlo. 

Las corporaciones e inversores españoles encontrarán suficiente inspiración entre todas estas iniciativas para decidir si prefieren ser locomotora o vagón de cola en este nuevo ámbito de la inversión ESG.