Los conflictos del Sáhara y Oriente Medio intensifican las exclusiones por criterios sociales

En los últimos años los grandes inversores institucionales han procedido a excluir de su universo de inversión a determinadas empresas que operan en áreas con conflictos abiertos, frente al riesgo ético y social de verse envueltas en la violación de derechos humanos.

Estos movimientos siguen produciéndose y podrían aumentar conforme se enquistan las disputas territoriales geoestratégicas que acaparan la atención en todo el mundo, aunque no están cerca de resolverse, como se ha visto con la crisis abierta entre Marruecos y el Sáhara Occidental o el recrudecimiento de las tensiones entre Israel y Palestina.

Precisamente, el fondo soberano de Noruega —con más de 1,1 billones de euros bajo gestión— ha sido uno de los últimos en mover ficha al anunciar la exclusión de dos empresas israelís hace unos días, coincidiendo con el alto al fuego de la escalada bélica.

El motivo detrás de esta decisión de cerrar dichas posiciones, donde tenían invertidos más de 12 millones de euros, es el riesgo a que «contribuyan a violaciones sistemáticas de los derechos de las personas en situaciones de guerra o conflicto».

En concreto, Norges Bank IM ha optado por excluir del ‘Government Pension Fund Global’ a las empresas Shapir Engineering e Industry Ltd y Mivne Real Estate KD, en base a las recomendaciones de su Consejo de Ética por sus actividades en Cisjordania.

El fondo soberano noruego desinvierte en empresas de Israel

Shapir es una constructora cotizada israelí comprometida en la construcción de asentamientos israelíes, lo que a juicio de Norges «contribuye a la violación de la ley internacional» y supone «un riesgo inaceptable». La desinversión del fondo en esta posición se eleva a 19 millones de coronas, equivalentes a cerca de 2 millones de euros.

Además, el Consejo considera que «el alquiler por parte de la empresa de edificios construidos en violación del derecho internacional contribuye a la continuación de un estado ilegal iniciado con su construcción».

Por estas razones, Norges ha llevado a cabo la exclusión de la inmobiliaria israelí Mivne, en la que contaba con 103,6 millones de coronas (más de 10 millones de euros) invertidos.

No es la primera vez que este fondo soberano se aleja de esta región —cuyo conflicto se remonta a principios del siglo XX—, donde también cerró posiciones en Shikun & Binui (2012) o Africa Israel Investments y Danya Cebus, en 2017.

Las exclusiones en el Sáhara

Otra de las regiones en el punto de mira de los fondos soberanos y de pensiones, entre ellos el noruego, ha sido el Sáhara Occidental, donde alto al fuego acordado entre el Frente Polisario y Marruecos en 1991 se rompió el pasado noviembre.

Conviene recordar que el Sahara Occidental  tiene el estatus legal de territorio no autónomo, tras frustrarse su descolonización en 1976, cuando España se desentendió y Marruecos anexionó el territorio.

En los últimos días, la tensión diplomática del país vecino con España ha crecido con la crisis migratoria propiciada tras la ‘relajación’ de la vigilancia policial en la frontera con Ceuta y Melilla.

En este contexto, el riesgo social que pretenden evitar los fondos institucionales con la exclusión de las inversiones en compañías que operan en el Sáhara Occidental está relacionado con que las operaciones comerciales solo podrían considerarse «legal y políticamente defendibles si el pueblo saharaui las ha consentido«, según la ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW).

Por estas cuestiones éticas, el fondo noruego decidió en 2011 excluir a la compañía canadiense Potash —absorbida después por Nutrien—, que importaba fosfatos del territorio no autónomo, si bien volvió a incluirla en su cartera en 2019, por haber cesado esta actividad.

No obstante, dicha compañía continúa en la última ‘lista negra’ de exclusiones del fondo público de pensiones sueco AP7 (80.400 millones de dólares bajo gestión), por su «participación en la negación de la autodeterminación del Sáhara Occidental mediante la importación de fosfato del territorio ocupado».

Por este mismo motivo, el vehículo de inversión pública de Suecia también excluye a la corporación multinacional australiana Incitet Pivot, que fabrica fertilizantes y químicos, con operaciones en esta región en conflicto.

Cuestiones reputacionales

El plan de pensiones británico NEST (National Employment Saving Trust), con 10.000 millones de libras bajo gestión, ha sido otro de los que ha incluido a las empresas que operan en este territorio por cuestiones éticas recogidas en su política de desinversión.

En 2017, los fondos éticos de este plan excluyeron a la compañía energética Cairn Energy, cotizada en la bolsa de valores de Londres, y a Kosmos, por su vinculación con la exploración de petróleo en este territorio en disputa.

Y es que también están sobre la mesa cuestiones reputacionales para los países que promueven los fondos soberanos, en tanto que invertir en esta región podría contribuir a prolongar el conflicto abierto, según pone de relieve WSRW, especializada en el escrutinio de la actividad económica y la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Precisamente, en esta dirección se orienta la estrategia marcada por el Polisario en los tribunales de Nueva Zelanda, por la participación del Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda en dos compañías —Ravensdown y Ballance Agri-Nutrients— que importan roca fosfórica del Sáhara.

Los administradores de este fondo de 57.300 millones de dólares neozalendeses (equivalentes a unos 34.000 millones de euros) tienen la obligación legal de gestionarlo de una manera que «evite perjudicar la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad mundial».

Este ha sido el principio que ha alegado el Polisario en el pleito, aunque finalmente el Tribunal Superior no ha admitido la revisión judicial de estas inversiones, en su veredicto en marzo.

“Dado que el Tribunal Superior ha reconocido que la importación en curso de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda representa un riesgo para la reputación de los intereses más amplios de Nueva Zelanda, instamos a las compañías de fertilizantes de Nueva Zelanda y a todos los implicados en el saqueo del fosfato del Sáhara Occidental a que cesen el comercio”, argumentó Kamal Fadel, representante del Polisario en Australia y Nueva Zelanda.