La telaraña regulatoria se prolonga a 2022

Las nuevas taxonomías que prepara la Unión Europea, para definir qué será inversión verde y socialmente responsable, arrojarán luz pero no serán definitivas

Una avalancha o una telaraña regulatoria. Esta es la sensación que tiene empresas y sector financiero ante los cambios regulatorios en materia de criterios ESG (Environmental, Social & Corporate Governance) que se van a poner en marcha a la largo de este año y que continuarán produciéndose en 2022. 

Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de la jornada ‘Las finanzas sostenibles en el ámbito empresarial. Avances regulatorios en el marco de la Unión Europea’, organizada por la Red Española de Pacto Mundial y Spainsif y donde ha quedado patente que tanto empresas financieras, como no financieras y gestoras comparten objetivos similares en cuanto a búsqueda de transparencia y ampliación de la información ESG, pero en un camino donde todavía existen numerosos obstáculos. 

Taxonomías no binarias

Un escenario donde los pasos esenciales, este año, pasan por la puesta en marcha del reglamento de finanzas sostenibles y por la taxonomía de inversiones consideradas sostenibles desde el punto de vista medioambiental (la E e la ESG). Pero no son los únicos pasos, dado que queda en marcha la taxonomía social (la S de esas tres siglas). Sin olvidar que, como se trata de un proceso abierto a cambios, de momento, no se puede hablar de una regulación definitiva. 

Este año será clave para la definición de una regulación europea de información no financiera

De entrada, la taxonomía medioambiental sostenible -que aún está en fase de consulta por parte de la Unión Europea- va a ser una “guía para el mercado”, según ha explicado Marcel Haag, director de Políticas Horizontales de la Dirección General de Estabilidad Financiera de la Comisión Europea

De esta forma, la taxonomía -que estará lista en unas semanas y entrará en vigor en 2022- no va a ser una lista obligatoria de inversiones consideradas sostenibles, pero sí que va a permitir a los inversores y a cualquier interesado en la ESG saber qué compañías y qué actividades están alineadas con la sostenibilidad. 

La propia Comisión Europea reconoce así que todo lo que esté en la taxonomía será ‘verde’, pero fuera de ella también habrá actividades que sean sostenibles porque, al final, la taxonomía será ampliable e irá cambiando con el tiempo.

“El camino es largo, no es binario”, ha reconocido Marcel Haag. De este modo, las inversiones serán verdes, si detrás de ellas hay unos planes claros y las compañías se adaptan a las prácticas sostenibles. Y, para ello, necesitan tiempo. 

Eso en lo relativo a la taxonomía ‘verde’, porque esa telaraña de regulaciones ESG tiene más patas, dado que también está por delante otra listado similar, pero enfocado en las actividades y sectores considerados socialmente sostenibles.

Exigencia de más pasos en la S de la ESG

Sin olvidar que, también para este año están pendientes otras regulaciones, como las relativas a la actualización de la Directiva de la información no financiera; y a la ligada a la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente.

Lo que no dudan las empresas presentes en estas jornadas, como Santander, Telefónica, FCC o Iberdrola es que esta regulación, aunque sea muy amplia, es necesaria para aportar transparencia y poder diferenciar qué inversiones son ESG y cuáles y permitir así una canalización adecuada de los flujos de inversión para cumplir con la aspiración de cumplir criterios de sostenibilidad. 

Las empresas creen que la nueva taxonomía verde debe apoyarse aunque sea mejorable

Respecto a la nueva taxonomía verde, que las empresas asumen que deben apoyar, pese a reconocer que la primera versión pueda ser mejorable. Una versión que incluirá planes de transición, por ejemplo, para permitir financiar el Capex en formato verde.

Y en el campo de lo social de la ESG, aspiran a no centrar esa futura taxonomía en cómo las compañías actúan internamente, en cuanto a derechos laborales, por ejemplo, sino en el impacto de su actividad en las sociedades en las que operan y en si estas empresas están desarrollando su actividad de forma correcta. 

Necesaria colaboración público-privada

Un ámbito social que ha sido especialmente relevante en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia de Covid y donde no se ha frenado el interés por productos, como el bono social lanzado por el ICO, que tuvo sobredemanda. 

En esta misma línea, tanto las empresas no financieras, como financieras, gestoras como Allianz Global Investors ven indispensable la colaboración publico-privada para hacer que este nuevo esquema de información ESG, las nuevas regulaciones y esa búsqueda de la transparencia acabe funcionando.

De momento, el sector percibe un gap, un diferencial, entre la oferta y la demanda de productos con características sostenibles -sin olvidar que hay voces que ya hablan de una burbuja– que podría solucionarse con esa colaboración y con las citadas nuevas regulaciones que pongan orden y ofrezcan transparencia y fiabilidad a los inversores interesados en productos con impacto medioambiental y social.

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