La ambigüedad normativa provoca el fracaso de los fondos verde oscuro españoles

Solo un 1,1 por ciento del patrimonio de los fondos de inversión españoles se invierte siguiendo objetivos de sostenibilidad ambiental o social, mientras que un 13 por ciento del volumen de las carteras promueve inversiones sostenibles, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Medio año después de la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación (SFDR, por sus siglas en inglés) que ha llevado a reorganizar la oferta de fondos de inversión responsable española, poco más de 3.000 millones de euros se clasifican bajo el Artículo 9, frente a los cerca de 40.000 millones enmarcados en el Artículo 8.

En los últimos meses, el supervisor y la industria de fondos han realizado «un esfuerzo» con la entrada en vigor del Reglamento SFDR, aunque todavía «hay mucho recorrido por cubrir en el país», según ha explicado el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, durante el encuentro ‘ESG Spain 2021’ organizado por Forética.

De momento, apenas hay cinco fondos de pasaporte español considerados ‘verdes oscuros’, es decir, que se enmarcan en el Artículo 9 y tienen un objetivo de inversión medioambiental o social recogido en su folleto, según los datos de Morningstar.

De su lado, la oferta nacional es más extensa en el Artículo 8, donde se engloban aquellos productos que «promueven criterios de sostenibilidad». Esta se eleva por encima de los 280 productos, teniendo en cuenta las diferentes clases de un mismo fondo.

¿Por qué no han prosperado la gama de fondos ‘verdes oscuros’ hasta el momento? Hay varios factores que lo explican.

Falta de apoyo normativo

Uno de los puntos que más limitan el desarrollo de la gama ‘verde oscura’ en España es la ambigüedad y la falta de claridad de la regulación, según explicas varias fuentes financieras a Social Investor.

«Estamos en un periodo de interinidad o transitorio. A pesar de que el Reglamento de Divulgación está en vigor en la Unión Europea desde marzo todavía faltan directrices claras«, asegura una fuente del sector.

Cabe recordar que la CNMV aclaró en junio sus criterios de supervisión en los productos de inversión sostenibles. Se trató de una interpretación que ofreció a los inversores sobre cómo guiaría sus actuaciones de autorización y supervisión en la aplicación de la normativa europea.

Sin embargo, dos meses después, en agosto, la propia Comisión Europea tuvo que esclarecen algunas dudas sobre la aplicación Reglamento de Divulgación, como aclarar la definición de los fondos del Artículo 9, a petición de la ESMA, EIOPA y la EBA.

A este lío sobre la normativa ya en vigor se suma la incertidumbre sobre los retrasos en el calendario como cóctel perfecto para el caos regulatorio.

Y es que Europa retrasará la aplicación de los criterios técnicos del Reglamento de Divulgación (RTS), en un solo acto delegado, que en lugar del 1 de enero se publicará el 1 de julio de 2022, tras la petición de la industria.

Fuentes del sector, además, no descartan que esta fecha no sea definitiva y pronostican que este retraso «podría extenderse mucho más allá del próximo verano».

Miedo a las acusaciones de ‘greenwashing’

Ante la falta de claridad sobre los criterios para definir dónde clasificar los fondos se une el temor a dar un paso en falso en cuestiones de sostenibilidad que pueda repercutir en la reputación.

Tras las acusaciones de ‘greenwashing’ que planean sobre la gestora alemana DWS, la industria española de fondos está siendo aún más cuidadosa a la hora de presentar productos ESG con el máximo nivel de exigencia.

«Hay mucha prudencia. Ante la incertidumbre regulatoria nadie quiere registrar algo como Artículo 9 y que luego pueda verse degradado a Artículo 8″, explican fuentes conocedoras.

Precisamente, Buenaventura ha defendido el papel del organismo supervisor a hora de «encauzar esa corriente para que se desarrolle de forma ordenada, estable y con la necesaria protección del inversor» y ha enfatizado su labor en la prevención del ‘greenwashing’.

¿Hay tanta demanda?

Otra cuestión a tener en cuenta es el nivel de la demanda de productos. Hay bastantes gestoras que han mostrado interés por ampliar sus gamas en esta línea, pero algunas están a la espera de tener más visibilidad de las preferencias dentro del verde.

La modificación de los test de idoneidad, con preguntas específicas sobre la sostenibilidad, en agosto de 2022 podría ser revulsivo, pero de momento, el sector aún desconoce cuál es la demanda real de este nicho ‘verde oscuro’.

«Esta foto fija puede cambiar de forma muy abrupta. No se puede descartar la gama de productos del Artículo 9 en un momento dado sea el doble o el triple de la actual«, valora una fuente del sector.

Todo apunta a que el desarrollo de los fondos verdes seguirá creciendo conforme haya más certidumbre regulatoria y se mantenga el apetito por la inversión sostenible. Hay bastante en juego.

«Sin un cambio en los hábitos de inversión se corre el riesgo de mermar la capacidad para financiar la transición ecológica y la renta disponible de los ciudadanos europeos para atender futuras necesidades en el momento de la jubilación», ha advertido Buenaventura.