Europa pone fecha al inicio de la guerra arancelaria del carbono

La guerra arancelaria no acaba con el adiós a Donald Trump. Según Bloomberg, Europa prepara impuestos sobre las importaciones de los países con políticas climáticos más pobres, que podrían presentarse el próximo 14 de julio.

Es una fecha relevante para la regulación alrededor del clima, ya que también se prevé que ese día se publique una batería de medidas climáticas, que podría provocar que España tenga que revisar al alza los compromisos de reducción de emisiones que forman parte de la Ley de Cambio Climático.

La agencia de noticias, citando a fuentes conocedoras de esta propuesta, avanza que el arancel podría aplicarse sobre productos como el acero, el aluminio o el cemento producido en economías con estándares medioambientales bajos. Los fertilizantes y las importaciones energéticas también podrían verse afectadas.

Los importadores europeos tendrían que comprar un certificado especial ligado al sistema de trading de emisiones de la UE. Un aliciente añadido para la cotización de los precios del carbono, que ya se disparan con mucha fuerza en los últimos doce meses.

El mecanismo completo entraría en vigor el 1 de enero de 2026

En principio, se establecería un periodo de transición de más de tres años, de manera que el mecanismo entraría en vigor el 1 de enero de 2026. Entre 2023 y 2026 se utilizaría un sistema simplificado «con el objetivo de reducir posibles impactos disruptivos», recogería la propuesta a la que hace referencia Bloomberg.

Si se confirma este paso, la Unión Europea sería la primera en aprobar un impuesto de este tipo, aunque se espera que otros países, como Estados Unidos también lo impulsen.

De hecho, el mecanismo para penalizar las compras de productos de los estados más contaminantes puede ser una temática del debate en el próxima reunión del G7.

Los planes europeos, no obstante, ya están causando los primeros problemas diplomáticos con algunos países, como China, India o Ucrania.

El precio spot del carbono de la UE cerró este jueves en los 52,35 euros. Su máximo histórico, marcado a mediados de mayo, fue de 56,2 euros.

En cuanto a los futuros, cerraron a 50,17 euros tras una caída por encima del 2%. No obstante, hace justo un año, los contratos se compraban y vendían por debajo de los 22 euros.

En junio de 2020, además de encontrarnos en el peor momento de la pandemia, la Unión Europea todavía no había acordado elevar hasta el 55% su objetivo de reducción de emisiones. Fue en otoño cuando lo propuso la Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen.

Una referencia ‘financiera’ relevante

La subida de los precios del carbono se ha convertido en un motivo de preocupación para todas las empresas obligadas a adquirir estos derechos -también se le culpa de parte de la subida del precio de luz-, pero además tiene en impacto en la valoración de los riesgos climáticos y en los costes de las empresas.

Por ejemplo, para el sector financiero, este precio es clave para poder establecer una medida del riesgo climático en su cartera que pudiera trasladarse a un hipotético impacto en capital o coberturas.

Para el conjunto de las empresas emisoras netas de gases contaminantes, además, es un gasto añadido que daña la cuenta de resultados y que deteriora los márgenes robando rentabilidad al negocio y a los accionistas.

Aunque desde distintos sectores -y también desde países como Polonia- se está pidiendo a las autoridades europeas que se controlen los precios del carbono, por ejemplo, expulsando a los especuladores, el espíritu de las instituciones comunitarias parece ser dejar que el mercado actúe y las autoridades están defendiendo que no quieren intervenir.

A mayor coste, más incentivos para dar el salto hacia la transición energética.

El Reino Unido, a pesar de que hace apenas seis meses que se separó de la Unión Europea, ya cuenta con su propio mercado de carbono.