El reto de la transición justa: la industria de la inversión está huérfana de una estrategia común

En la lucha contra el cambio climático todos los países deben ir a una. El informe de la ONU confirma las consecuencias devastadoras del calentamiento global, en especial para las regiones emergentes, que necesitan atraer gran parte de las inversiones de la multibillonaria transición energética para poder hacer frente a su coste social de la forma más justa.

El camino para limitar a 1,5 grados el calentamiento por encima de niveles preindustriales para 2050 requiere de cero emisiones netas de carbono, aunque está claro que pedir el mismo esfuerzo a todas las naciones sin importar su nivel de desarrollo no parece lo más justo.

Gestoras Amundi, Federated Hermes, Vontobel AM, Edmond de Rothschild AM y Jupiter AM coinciden en los retos sociales de recualificación laboral o el mayor impacto en los hogares más pobres por la descarbonización.

Sin embargo, la ausencia de una estrategia común por parte de la industria de la inversión colectiva, que gestiona cómo se dirigen los flujos de capital, no da pistas de cómo será posible que el negocio subyacente a la transición climática se alinee con los criterios de justicia social.

La clave está en que la economía mundial lo consiga a tiempo, para lo que hará falta que los países emergentes se involucren. Las expectativas están puestas en que la COP26 de noviembre anime a otros países a incrementar sus objetivos y acciones.

Todo apunta que se llegará a esta cumbre de Glasgow sin que las naciones ricas hayan todavía entregado los 100.000 millones de dólares al año en financiación verde para los países en desarrollo que prometieron recaudar para 2020, anticipan desde Portocolom AV.

Y es que para algunos países todavía «puede tener sentido añadir más infraestructura de carbono durante un tiempo», según señala un informe reciente de Pictet AM y la Universidad de Oxford.

El análisis ahonda en el gran recorte del PIB per cápita a causa del cambio climático en economías dependientes de manufacturas y agricultura como la India, Brasil, México, Indonesia o Sudáfrica.

En algunos países en desarrollo todavía puede tener sentido añadir más infraestructura de carbono

También para algunas naciones como Arabia Saudita, Estados del Golfo y Rusia, cuyo modelo económico es tan dependiente del petróleo, con lo que se trata de un problema existencial.

Además, según investigadores del University College de Londres, África y otras regiones en desarrollo tienden a tener un coste de financiación mucho más elevado para la energía verde en comparación con los combustibles fósiles, lo que causa que estos países renuncien a este tipo de inversiones.

«Uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el planeta con respecto a la descarbonización, es que la transición recaiga en gran medida en un número limitado de sectores y geografías», explica Eoin Murray, jefe de inversión en el negocio internacional de Federated Hermes (533.000 millones de euros).

A pesar del creciente flujo a las estrategias de inversión ESG, la industria de gestión de activos todavía no ha fijado un camino común para evitar que el impacto social de la descarbonización sea asumible para las regiones en desarrollo.

¿Qué propuestas hay sobre la mesa?

En cuanto a las vías para hacer frente a los obstáculos sociales de la transición verde, los investigadores de la University College de Londres proponen que los marcos de financiación sostenible que se implantan en Europa, China y otros lugares proporcionen algún incentivo para ecologizar las economías en desarrollo.

A su juicio, las instituciones financieras compradoras de bonos de mercados emergentes, más el FMI y el Banco Mundial, que apoyan enérgicamente los objetivos del Acuerdo de París, al igual que gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania necesitan «dirigir este entusiasmo a los lugares que más lo necesitan«.

«Algunas barreras pueden superarse mediante políticas, con fórmulas para que el sector público asuma primeras pérdidas, la creación de entidades públicas gestionadas privadamente, con dinero público en países de divisas más débiles y con instrumentos financieros que cubran el riesgo de cambio de políticas del país», propone el estudio de Pictet.

Federated Hermes propone que las instituciones perdonen deuda a las regiones emergentes para facilitar su transición

Otra de las opciones que se plantea es el canje de la deuda en estas regiones. «Debemos animar a estas instituciones financieras mundiales a que consideren los canjes de deuda por transición: el alivio de esa carga asegurando la financiación de la transición también debe explorarse en detalle en la próxima COP y en torno a ella», argumenta Murray, el experto de Federated Hermes.

«Nuestro sector tendrá que trabajar de forma concertada con los responsables políticos y los reguladores para garantizar que los movimientos de capital para financiar una economía descarbonizada funcionen junto con la recualificación y las nuevas oportunidades de formación, de forma que ninguna comunidad o mano de obra se quede atrás», añade Murray.

La innovación también es necesaria para hacer frente al desafío de la asequibilidad para los hogares y los países de bajos ingresos. En esta dirección, la industria inversora puede movilizar capital.

«Este es un desafío para la innovación, para que las soluciones bajas en carbono sean accesibles y asequibles, de lo contrario, no tendrán el impacto en el plazo disponible», explica Jon Wallace, gestor de fondos medioambientales en Jupiter AM (65.700 millones bajo gestión).

Innovación en los productos financieros

Las gestores de activos asignan capital a los bonos verdes y vinculados a la sostenibilidad que proporcionarán la financiación necesaria. Además, pueden innovar en nuevos tipos de productos.

«Los actores financieros tienen un papel clave en la transición, movilizando a los inversores para que apoyen la aparición de mecanismos e instrumentos financieros innovadores, programas de inversión y el compromiso de las empresas en torno a la transición justa», asegura Elodie Laugel, directora de inversión responsable de Amundi.

La gestora francesa, primera de Europa por sus 1,75 billones de euros bajo gestión, ha lanzado este año una estrategia de eurocréditos de transición justa para el clima.

Amundi propone innovar más allá de los bonos ligados a la sostenibilidad

«Existe una fuerte necesidad en el mercado de soluciones de inversión que consideren de forma integral la financiación de una transición justa», asegura Laugel.

El fondo de Amundi controla que los emisores tengan prácticas sociales justas, para lo que utevalúa cuestiones como la seguridad del empleo y la formación, la participación en los esfuerzos públicos y la promoción de productos asequibles y sostenibles.

Para encontrar el equilibrio social y ambiental, la gestora Edmond de Rothschild AM (66.000 millones de euros) tiene en cuenta en su análisis de inversión responsable 45 factores cuantitativos y cualitativos ‘E’, ‘S’ y ‘G’, que se ponderan de forma diferente según el sector específico, la industria y las características de la empresa.

«Independientemente del sector económico analizado, los criterios sociales siempre representan al menos un tercio de nuestro modelo interno de ESG», detalla Jean-Philippe Desmartin, responsable del equipo de inversión responsable.

Es importante dar peso a la ‘S’ en la medición ESG

Analizar y evaluar las controversias sociales de las empresas ambientales es una de las respuestas de Vontobel AM (122.193 millones de euros) al desafío social en las inversiones ambientales.

En la inversión en los mercados emergentes, prestan atención a las cuestiones laborales. «Tenemos tolerancia cero con el trabajo forzoso, el trabajo infantil, el soborno y la corrupción», detalla la gestora de fondos Elena Tedesco.