Suiza concede una tregua (solo momentánea) a las multinacionales con mala praxis ESG

Los suizos votaron en contra de facilitar juicios civiles contra la actividad en el exterior de las empresas con sede en el país, pero se trabaja en una legislación más dura

Suiza es uno de los países con más tirón para las multinacionales por su baja tributación y, de momento, no va a endurecer de un día para otro su legislación en criterios ESG (Environmental, Social & Corporate Governance).

Los ciudadanos suizos han votado este domingo en contra de una iniciativa popular para endurecer los estándares éticos de las grandes corporaciones y que pudieran acabar en los tribunales si no cumplían. La propuesta contó con más del 50% de los votos a favor, pero no el respaldo de la mayoría de cantones suizos, por lo que no saldrá adelante.

Sin embargo, no es el último paso, porque ahora se abre la puerta a una contrapropuesta que va a buscar un fin similar, aunque menos ambicioso.

«Los votantes ha rechazado el camino que proponía esta iniciativa, pero no la cuestión en sí misma”

Karin Keller-Sutter, ministra de Justicia de Suiza

La votación de este pasado fin de semana buscaba facilitar las reclamaciones legales civiles en Suiza por daños que las compañías pudieran realizar al medio ambiente en cualquier parte del mundo o si se detectaban abusos de estas corporaciones contra los derechos humanos en los diferentes países donde operan.

Y detrás de ella no había una propuesta gubernamental, sino que se trataba de una iniciativa popular de más de 130 organizaciones sociales que aspiraban a endurecer la operativa de las multinacionales en el extranjero, sobre todo en países en vías de desarrollo.

Nuevo camino para endurecer la regulación

Pese a este revés, las autoridades helvéticas no se rinden en el fondo de la cuestión. “Los votantes ha rechazado el camino que proponía esta iniciativa pero no la cuestión en sí misma”, aseguraba tras la votación la ministra de Justicia suiza Karin Keller-Sutter, en una rueda de prensa recogida por la agencia Bloomberg.

“Las compañías suizas tiene que respetar a los ciudadanos y el medio ambiente, también, en otros países”, recalcó la ministra.

Dejaba así claro que se buscará redactar una nueva legislación al amparo del espíritu de la ESG pero que, previsiblemente, tendrá menos fuerza porque no abriría la opción de acudir a los tribunales helvéticos en caso de incumplimientos. Simplemente, aspira a que las empresas informen mejor y amplíen los detalles sobre sus actividades en el extranjero.

A partir de ahora, la contrapropuesta podría entrar en vigor, salvo que haya una convocatoria para llevar a cabo un referéndum, en el plazo de 100 días.

Oposición de las empresas

Suiza ha sido tradicionalmente uno de los Estados más atractivos para las grandes corporaciones, por la baja fiscalidad del país (un tipo general del 8,5% a nivel federal) y sus regulaciones bastante más permisivas que en otros países, lo que ha llevado a empresas de todo el mundo a constituir allí filiales.

La medida de controlar su actividad en el extranjero tenía detrás diferentes casos que han puesto en cuestión y generado dudas sobre la regulación del país helvético.

Por ejemplo, en los últimos años, multinacionales suizas se han visto envueltas en polémicas como presuntos casos de trabajo infantil en la cadena de suministro de cacao en África. También, el impacto medioambiental de algunas de sus compañías mineras, por la alta contaminación que provocan sus operaciones en países latinoamericanos.

La propuesta votada este fin de semana, además, había contado con el rechazo de grandes corporaciones empresariales y financieras. Por ejemplo, la entidad Credit Suisse, apuntó antes de la votación que aceptar la iniciativa podría conllevar que las multinacionales hoy en Suiza se desplazaran a otros países con regulaciones más benévolas, lo que conllevaría pérdida de puestos de trabajo en el país de los cantones, según la información recogida por CNN.

Además, los suizos también rechazaron este domingo una iniciativa similar pero centrada en la fabricación de armas. En concreto, proponía que las instituciones suizas, incluido el banco central de ese país, invirtiese en empresas que generan más de un 5% de sus ingresos a través de la producción y venta de armamento.

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