Radiografía de los Presupuestos Generales del Estado según los ODS

El Gobierno de España ha acompañado a su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, presentado en el Congreso hace unos días, de un informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

Este enfoque, que el ejecutivo ofrece por segundo año, se enmarca en las tendencias más recientes de presupuestación transversal. Busca ponderar la contribución cuantitativa y cualitativa de las políticas de gasto y de los programas presupuestarios a la consecución de estos objetivos fijados en 2015.  

En este sentido, aclarar cómo se alinean los Presupuestos -que aún deben someterse a votación y conseguir suficientes apoyos para que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2022- es una herramienta útil para los inversores preocupados por los criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza (ESG). 

Estos inversores, que son acreedores del país en tanto que compradores de deuda soberana, pueden entender mejor cómo financia el país su estrategia para la sostenibilidad a largo plazo. Una cuestión importante para medir riesgos y oportunidades. 

«Los ODS son un aspecto importante a la hora de evaluar la puntuación ESG de un país y, por tanto, influyen indirectamente en el acceso de un soberano a la financiación de los mandatos ESG», según Lupin Rahman, jefa global de crédito soberano y responsable de la integración de ESG en las estrategias de inversión de Pimco. 

Puntos débiles de España 

Queda menos de una década para alcanzar el 2030 y aún son muchos los retos pendientes para cumplir con las metas fijadas. Los 17 ODS se dirigen a un total de 169 metas que son medibles con indicadores muy específicos y la comunidad inversora considera que estos representan un marco bien estructurado para abordar los retos de sostenibilidad a largo plazo. 

El desempeño de España está marcado en rojo en tres de los 17 objetivos, según el informe ‘The Sustainable Development Report’ de 2020, que da una puntuación de 88,9 sobre 100 al país y le sitúa en la posición 20 entre los 165 países que miden su avance en los ODS. 

Según el último informe anual del avance de los países en los ODS de la Universidad de Cambridge, el país se enfrenta a «retos mayores» para lograr los retos contemplados bajo el hambre cero (ODS 2), la acción por el clima (ODS 13) y la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). 

Alto grado de alineamiento 

Con este punto de partida, resulta interesante comprobar cómo las partidas de gasto propuestas por el Gobierno abordan estas carencias. Su análisis confirma un alto grado de alineamiento en las actuaciones presupuestarias. Prácticamente todas las políticas de gasto, y el 61 por ciento de los programas, están alineados con dos o más ODS. 

En el informe se encuadran 25 políticas y un total de 400 programas de gasto, de los que 160 son parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al igual que en el de 2021, se excluyen las transferencias a otras administraciones y la deuda pública. 

¿Son los ODS de los que España está más lejos de cumplir a los que más programas se dedican? Aunque el informe de alineamiento se circunscribe exclusivamente al ámbito presupuestario y no pretende analizar el grado de consecución de cada uno de ellos, lo cierto es que no son precisamente los ODS con peor pronóstico los más atendidos. 

En concreto, llama la atención que apenas sean dos las políticas alineadas con el objetivo de hambre cero, siendo el ODS al que menos se dirigen estos PGE.  

Para los otros dos ‘suspensos’, hay seis políticas alineadas con la acción por el clima (ODS 13) y solo tres dirigidas al objetivo de la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). 

Esfuerzo presupuestario 

Más allá del número de políticas, un indicador interesante es el índice de esfuerzo presupuestario. Este se sitúa entre 0,3 y 1 en un amplio número de programas, lo que se califica como alineamiento entre medio y alto, según los estándares internacionales.  

No obstante, hay excepciones en el ODS 5, de igualdad de género, y en la mayoría de ODS medioambientales, donde es mayor el número de programas con un esfuerzo bajo, es decir, inferior a 0,3 puntos. Extremo que el Ejecutivo achaca a que en estos objetivos hay más programas de contribución indirecta. 

Este reparto en programas también puede traducirse en términos monetarios. Estos PGE, que cuentan con un techo de gasto récord de 196.142 millones de euros, tienen el mayor gasto social de la historia (243.391 millones de euros). 

En este sentido, el informe de alineamiento de los PGE de 2022 calcula las dotaciones alineadas con cada ODS multiplicando cada política por el índice de esfuerzo presupuestario correspondiente.  

Dotación por objetivos 

De esa forma, el ODS 1 es, de lejos, el que más volumen tiene asignado. Más de 211.845 millones de euros presupuestados en programas para el fin de la pobreza.

Le siguen los objetivos de Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), con unos 85.269 millones de euros, y de igualdad de género (ODS 5), con 73.862 millones. 

De nuevo, el ODS 2 queda rezagado en término de partidas alineadas y es uno de los que menos volumen de presupuesto se llevan (2.584 millones de euros), solo por delante del Objetivo centrado en la vida submarina. 

De su lado, los otros objetivos en los que más necesita mejorar para cumplir con la Agenda 2030 se llevan 7.641 millones de euros en políticas de acción por el clima y 6.876 millones al objetivo de la vida de ecosistemas terrestres. 

Mejoras respecto a 2021 

En este segundo análisis de alineamiento presupuestario con la Agenda 2030, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha mejorado su primer informe atendiendo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. 

De esta forma, en el informe de los PGE de 2022 se ha ampliado el ámbito subjetivo, incorporando también las entidades públicas, y se hace una distinción entre la contribución directa e indirecta. Ha añadido también un informe de impacto de género; y otro con el foco en la infancia, en la adolescencia y la familia.

El Gobierno deja para «años próximos» la incorporación de la presupuestación verde o medioambiental (‘green budgeting’) y los detalles de un presupuesto del bienestar (‘wellbeing budget’). 

Si los Presupuestos logran los apoyos necesarios, quedarán por delante los desafíos relativos al cumplimiento y la vigilancia. Para ello, los mercados serán el mejor jurado para obligar a los países a abrazar las promesas y cumplir los objetivos.