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La sostenibilidad sigue lejos de la pyme española

A pesar de su relevancia para la economía, los avances en esta materia en este grupo de empresas son escasos y el sector público debe actuar como motor

El grueso del sector productivo español, las pequeñas y medianas empresas (pyme) siguen teniendo por delante el reto de la sostenibilidad. En un coloquio celebrado por Spainsif con motivo del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, la industria de la inversión colectiva repasó los puntos débiles del sector.

Para España, es un tema significativo, por la importancia de estas compañías en la economía, que generar un 65% del PIB y un 75% de los puestos de trabajo.

Para este colectivo, de acuerdo con una encuesta llevada a cabo por FinResp y CEPYME en 2019, al contrario que para la gran empresa, el principal motivo de preocupación es su tamaño y no la lucha contra el cambio climático o los retos de sostenibilidad.

Sí son, sin embargo, conscientes de las oportunidades; entre las que figurarían la creación de nuevos negocios y productos ante la incipiente demanda de sostenibilidad en el mercado, así como el acceso a los incentivos que pueden otorgarse a la transformación e innovación sostenible por parte del financiador, de empresas de mayor tamaño y del regulador.

«El papel del sector financiero, en este sentido, se muestra como facilitador y agente de cambio para la transición», explican desde Spainsif.

Pocos datos, a la espera de la reforma de la Directiva

Pero a la banca le faltan datos. Pese a los avances normativos, obtener información de sostenibilidad comparable y de calidad es una tarea compleja.

De acuerdo con los datos más recientes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, el 22% de las empresas españolas encuestadas desarrollan una memoria de sostenibilidad alineada con la Directiva de Información No Financiera aún vigente; de los cuales el 69% se trata de grandes empresas, un 7% pymes y un 2% autónomos.

La principal barrera a la hora de generar nueva información no financiera en las PYMES es el sobrecoste que implica, de manera más acentuada en momentos de crisis como la situación tras el COVID. Dicho sobrecoste engloba, entre otros recursos, las necesidades de formación y capacitación técnica para empleados en sostenibilidad.

En este contexto, la Comisión Europea ha propuesto recientemente la reforma de la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que pasaría a llamarse Directiva de Divulgación de Información de Sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Entre sus novedades se encuentran una mayor cobertura, incluyendo a empresas de más de 250 empleados (pasaría de abarcar 11.600 a 49.000 empresas en Europa), y normas simplificadas orientadas a las PYMES, de cumplimiento voluntario salvo en el caso de las empresas cotizadas, y bajo el principio de proporcionalidad.

¿Qué alternativas existen para el inversor responsable?

A la hora de diseñar productos de inversión sostenible en pymes, conviven dos realidades distintas en el espectro regulatorio europeo.

Por un lado, la exigencia de granularidad de la información de sostenibilidad de los servicios financieros del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) y la taxonomía verde para productos de inversión y gestoras de activos. Por el otro, la propuesta de estándares simplificados para las pymes.

En cuanto a soluciones de mercado que apoyan la financiación sostenible a la pyme, existen diferentes instrumentos que canalizan la inversión con criterios ESG a la pequeña y mediana empresa desde iniciativas públicas, privadas y mixtas.

Entre las iniciativas públicas destaca la existencia de fondos de financiación que ofrecen un alto grado de flexibilidad para llegar a todos los rangos de PYMES, aplicando diferentes productos y condiciones en un modelo progresivo marcado por el compromiso de la empresa y su proyecto con la sostenibilidad de proyectos ESG.

El papel del sector público

La administración Pública puede ser palanca para amortiguar el riesgo de los recursos dedicados a la transformación sostenible, tanto para el inversor sostenible como para la pyme, así como hacer una labor fundamental para fomentar la adopción del vocabulario y de metodologías que permitan la divulgación de información de sostenibilidad.

Además, promueve la profesionalización y desarrollo de líneas complementarias a la financiación bancaria como el ‘crowdfunding’, el ‘crowdlending’ o los ‘business angels’.

En cuanto a las soluciones de mercado privadas, se ponen en marcha líneas de productos que ofrecen una tasa de interés preferente a todos aquellos proyectos con objetivos ambientales y/o sociales.

Por el lado de las alternativas de naturaleza mixta, a través de la colaboración entre las instituciones públicas y privadas (‘blended finance’), emerge la figura de los fondos de inversión privados o de capital riesgo combinados, donde el capital privado es atraído a través del respaldo de las instituciones públicas, que permiten condiciones preferentes al sector privado.

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