Estados Unidos vs Unión Europea: dos modelos distintos de financiación para las renovables

Estados Unidos y la Unión Europea pugnan -en una pelea donde Reino Unido también busca su posición de liderazgo- por estar en cabeza de la transformación energética hacia las renovables y las cero emisiones netas de gases con efecto invernadero (GEI) en 2050.

Pero cada potencia económica está optando por un modelo de financiación de las inversiones muy diferente. En gran medida porque, en Estados Unidos, las renovables son también una cuestión política, donde el partido Republicado es reticente a su apuesta. Más aún tras los cuatro años de Administración de Donald Trump en los que se priorizaron los combustibles tradicionales.

Ahora, al otro lado del Atlántico, la Casa Blanca de Joe Biden ha diseñado un megaplan de infraestructuras donde las inversiones en energía parecen una pequeña parte. En total, el paquete de inversión pactado con los republicanos contempla un gasto federal de 1,2 billones de dólares (más de un billón de euros). Sin embargo, para infraestructuras energéticas ‘sólo’ prevé 73.000 millones de dólares. 

Como comparación, una compañía como Iberdrola y únicamente para los cuatro próximos años prevé, por sí misma, invertir 75.000 millones de euros a escala global.

Incentivos fiscales: al hidrógeno, sí; a los pozos de petróleo, no

En este caso, Estados Unidos ha optado por otra vía para financiar las renovables, dejando en parte de lado la inversión directa pública. Básicamente, incentivos fiscales.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha hecho públicas sus prioridades presupuestarias para los próximos años, una previsión denominada ‘Libro Verde’. 

Esta planificación recoge créditos fiscales, equivalentes al total de la producción, para todas las instalaciones renovables (solares, eólica terrestre, eólica marina, geotérmica) que empiecen a construirse a partir del próximo 1 de enero de 2022 y se concluyan antes del 1 de enero de 2027. 

Además, para las redes eléctricas, tiene previstos créditos fiscales equivalentes al 30% de la inversión, siempre que tengan una capacidad mínima de transmisión de hasta 500 MW. Eso sí, deben ser redes que estén operativas antes de 2032.

No son los únicos. La Administración demócrata también contempla medidas fiscales similares para las tecnologías de captura de carbono, para la producción de hidrógeno verde, la fabricación de coches eléctricos y para la energía nuclear. A estas últimas pueden optar instalaciones que ya estén en marcha, siempre que demuestren un positivo historial operativo y de seguridad. 

Biden ya había hecho público que confía en la energía nuclear como alternativa en la estrategia de reducción de emisiones de CO2 -a pesar del componente medioambiental de los residuos nucleares- en la misma línea que siguen otros países como Reino Unido o Francia. 

En cambio, las tecnologías que van a ver ‘evaporarse’ los créditos fiscales a partir del próximo año son las ligadas a los combustibles fósiles. En concreto, el Departamento del Tesoro estadounidense deja de tenerlas en cartera para gran parte de los gastos de exploración de pozos, tanto de gas como de petróleo. 

Europa apuesta por la colaboración público privada

En cambio, el ‘viejo continente’ ha optado por un modelo de desarrollo diferente. En concreto, la Comisión Europea presentó en 2020 el denominado “Pacto Verde Europeo”, con el que conseguir que la Unión sea climáticamente neutral en 2050.

Un plan que conlleva una movilización de un billón de euros de fondos públicos y privados durante la presente década. Unos fondos que, además, están al margen del programa Next Generation, porque fueron definidos antes de la pandemia de coronavirus.

La Comisión desglosó que la mitad de ese billón de euros de financiación procederá del presupuesto de la Unión Europea, a través de varios programas que contribuyen a proyectos climáticos y ambientales, por ejemplo, a través de fondos agrícolas, de Horizonte Europa, de LIFE, además de los fondos regionales y de cohesión. 

Bruselas prevé que, al menos el 30% de la financiación regional y de cohesión, se destine a medidas de acción climática.

Esto, a su vez, prevé el Ejecutivo comunitario, atraería 114.000 millones de euros adicionales en cofinanciación por parte de los Estados miembros. 

Se espera que se movilice más inversión pública y privada a través, por ejemplo, de los ETS, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Y, también, más de 300.000 millones a través del denominado programa InvestEU, que permite inversiones privadas pero con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

“Todos debemos unirnos, no solo los gobiernos, sino también las empresas, las ciudades, las instituciones financieras y la sociedad civil, para enfrentar el desafío climático. Europa tiene las herramientas, las habilidades y el conocimiento para predicar con el ejemplo. Ahora deberemos traducir nuestro liderazgo en políticas climáticas en liderazgo económico”, abogó la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, hace unas semanas. A finales de esta década se verá con qué herramientas se ejerce mejor ese ansiado liderazgo.