Australia se descuelga en 2020 del movimiento por las cero emisiones

Cuenta con una gran dependencia de la generación eléctrica con carbón, lo que ha disparado el activismo medioambiental y la conflictividad legal a lo largo de este año

Alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2050 se ha convertido en un objetivo prioritario para la Unión Europa, el Reino Unido, Japón o Israel, pero no en el caso de Australia. Tras sufrir un verano negro de incendios y ser testigo de litigios continuos sobre el clima, aún continúa muy rezagada en materia legislativa, a pesar de la fuerte presión que vive desde el activismo climático.

El último ejemplo se produjo el pasado 9 de noviembre, según explica el bufete HopgoodGanim Lawyers. Ese día la parlamentaria independiente, Zali Steggall, presentó su proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 2020 en la Cámara de Representantes, después de que se tuviera que retrasar por la pandemia del coronavirus, que fue rechazado por el Gobierno australiano.

El proyecto de Ley sobre el Cambio Climático ha sido rechazado por el gobierno australiano

En el proyecto de ley, Steggal no solo buscaba establecer un marco nacional que legislará el objetivo cero emisiones en las próximas tres décadas, sino también una Comisión de Cambio Climático independiente, presupuestos de emisiones para toda la economía, planes nacionales para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación climática y una evaluación nacional del riesgo climático, además de un seguimiento transparente.

Los inversores ponen el foco en los riesgos y la divulgación financiera en materia climática

Durante 2020, Australia ha lidiado con diferentes litigios legales en materia climática. Todo comenzó en el mes de febrero, cuando la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA), con el apoyo de otras agencias del Consejo de Reguladores Financieros, realizó una declaración pública de intenciones para actualizar las pautas prudenciales ESG (Environmental, Social & Corporate Governance) con el objetivo de garantizar que los riesgos climáticos se gestionarían de forma eficaz.

De igual manera, advirtió a las entidades APRA sobre su proactividad a la hora de poner en práctica medidas que evaluarán y mitigarán los riesgos financieros del cambio climático.

Poco después, en el mes de julio, Kathleen O’Donnell, una estudiante de 23 años, puso en jaque al Gobierno australiano después de presentar una acción legal que le sometía a juicio por su mala praxis en lo concerniente a la crisis climática.

En concreto, en el procedimiento O’Donnell contra Commonwealth acusaba a las autoridades federales australianas de incumplir su deber de divulgación de información al no revelar los riesgos climáticos en una emisión de deuda soberana.

Más tarde, Mark McVeigh, un miembro de un fondo de pensiones australiano, presentó una demanda contra el Fidecomiso de jubilación de empleados minoristas (REST) después de alegar que el fondo violó la ley, al no proporcionar información sobre los riesgos comerciales del cambio climático.

Los activistas reivindican mejores praxis en cuestiones de divulgación financiera

Antes del juicio, REST llegó a un acuerdo con McVeigh y se comprometió a implementar un objetivo a largo plazo para lograr una huella de carbono neta cero para 2050, analizar y divulgar información sobre el progreso y las acciones sobre el clima según las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

El viejo debate nacional del carbón se reaviva

Mientras que, las llamas arrasaban más de 11 millones de hectáreas, se cobraba la vida de decenas de personas y provocaban evacuaciones masivas en la peor temporada de fuegos forestales de la historia de Australia, un viejo debate se avivaba de nuevo: la reducción del carbón.

Australia todavía recurre a este mineral altamente contaminante y responsable del cambio climático, que actualmente genera el 75% de la electricidad al país australiano, según datos del Gobierno.  

Así, el aumento de presión sobre el Gobierno a favor de las energías limpias ha sido muy relevante en 2020.

Por ejemplo, un colectivo de menores, representado por su tutora lega, Brigid Arthur, presentó una demanda colectiva contra el Ministro Federal de Medio Ambiente, con el objetivo de proteger a los jóvenes del cambio climático de una extensión de la mina de carbón Wickery de Whiteheaven.

Otro de los frentes abiertos fue el de Bushfire Survivors for Climate Action (BSCA) contra la Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Gales del Sur (EPA).

Esta organización de supervivientes de incendios forestales, bomberos y concejales locales, en un esfuerzo por obligar a EPA a regular sus emisiones de gases de efecto invernadero, presentó un caso bajo la Ley de Operaciones de Protección del Medio Ambiente de 1997 (NSW) (Ley PEO) para que la autoridad desarrollase política de calidad ambiental que asegurase la protección del clima.

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