Siemens Gamesa, afectada por la exclusión ‘social’ por el Sahara Occidental

El inversor ESG noruego, Storebrand, deja fuera de su cartera al valor del IBEX y a su matriz por este conflicto. También elimina a Enel, propietaria de Endesa, por la misma razón

La cuestión del Sahara Occidental, el asunto pendiente por antonomasia de la política exterior española, ha aterrizado en el Ibex quizá de la forma más inesperada: a través de las prácticas ESG de uno de los inversores institucionales más avanzados en el campo de las finanzas sostenibles. 

Storebrand, el mayor gestor de activos privado de Noruega, ha excluido de su universo de inversión a Siemens Gamesa, uno de los 35 valores del Ibex; a su accionista mayoritario, Siemens Energy con el 67% del capital social; y a la energética italiana Enel, que posee el 70% de otro componente del IBEX, Endesa

El motivo es su exposición a operaciones en el Sahara Occidental “ocupado” (el inversor noruego usa tal término, considerando a Marruecos una potencia ocupante – ‘occupying power’). Durante 2020 Storebrand ha revisado su cartera en busca de inversiones que por encontrarse en territorios ocupados (el ejercicio incluye a Palestina) puedan contribuir al incumplimiento de derechos humanos.

La aplicación del ‘screening’ negativo ESG por factores sociales se ha saldado con la exclusión de cerca de una veintena de firmas

El ‘screening’ negativo ESG centrado en el riesgo derivado de factores sociales, se ha saldado con casi una veintena de firmas excluidas, pues la expectativa de Storebrand es que si las compañías operan en zonas tan delicadas, deben extremar la precaución para no perpetuar los conflictos.

El quid de la cuestión en el caso del Sahara Occidental es que las empresas que operen en las zonas ocupadas tengan el consentimiento de la población local – incluso si se trata de proyectos de energía limpia como los eólicos de Siemens Gamesa. Esta es su lista de exclusiones.

Una decisión tomada en pleno clima de incertidumbre

La controversia coincide con un clima de incertidumbre y tensión diplomática. El alto al fuego acordado entre el Frente Polisario y Marruecos en 1991 se rompió el pasado noviembre. Naciones Unidas ha desplegado desde entonces la misión MINURSO para observar el alto el fuego y organizar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que continúa paralizado.

El asunto ocupará la agenda del nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, pues el 10 de diciembre -Día de los Derechos Humanos- Donald Trump reconoció unilateralmente la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental como recompensa a la normalización de los lazos diplomáticos entre Israel y Marruecos

Es oportuno recordar que el Sahara Occidental  tiene el estatus legal de territorio no autónomo y se le conoce como la última colonia de África, ya que su proceso de descolonización se frustró en 1976, cuando España se desentendió de sus responsabilidades y Marruecos anexionó el territorio. El Sahara Occidental era la provincia española número 53. 

De acuerdo con Tulia Machado-Helland, quien lidera el área de derechos humanos en Storebrand, tras llevar a cabo ‘engagement’ con las tres energéticas Storebrand decidió excluirlas por entender que no habían realizado ‘due diligence’ humanitario de los proyectos y de sus socios en el territorio ocupado.

“Las compañías están vinculadas a proyectos de parques eólicos en el Sahara Occidental ocupado, en ‘partnership’ con las autoridades y el sector privado marroquíes, y ninguno ha consultado y obtenido el consentimiento de los saharauis como requiere el derecho internacional,” comenta Machado-Helland.

Machado-Helland añade que las compañías planean seguir adelante con esos proyectos y Storebrand no puede, a través de sus inversiones, contribuir al mantenimiento de una situación que legitima el incumplimiento del derecho internacional.

Desde Western Sahara Resource Watch (WSRW), una ONG especializada en el escrutinio de la actividad económica del Sahara Occidental especialmente la explotación de sus recursos naturales, celebran la decisión de Storebrand.

Inversiones alineadas con los derechos sociales

Erik Hagen, consejero de WSRW, enfatiza que los proyectos climáticos de estas empresas son de una importancia fundamental, sin embargo “tales inversiones no pueden ser realizadas a expensas de los derechos humanos o del derecho internacional”.

Preguntada sobre la exclusión del inversor noruego, la posición de Siemens Gamesa es que su involucración en los países donde opera se centra en proveer de beneficios tangibles y duraderos a las comunidades locales, con respeto a los derechos humanos y a sus aspiraciones legítimas.

De acuerdo a un portavoz de Siemens Gamesa: “Seguimos una política de ‘hire-locals-first’ por la cual nosotros y nuestros proveedores empleamos a trabajadores locales, cuando la cualificación profesional lo permite. Así sucede con los proyectos en el Sahara Occidental que además proporcionan puestos de trabajo adicionales a su población. Por ejemplo, en la construcción de carreteras, expansión y renovación de hoteles, alquiler de coches y apartamentos, seguridad y servicios de limpieza.” 

Siemens Gamesa aprobó su política de derechos humanos en noviembre de 2020

En noviembre de 2020 Siemens Gamesa aprobó su política de derechos humanos con la que la empresa dice que ha pretendido formalizar su compromiso con el respeto a los derechos humanos, los derechos sociales y el derecho internacional.   

No figura entre las excluidas Siemens AG, que a mediados de 2020 escindió del conglomerado a Siemens Energy y Siemens Gamesa que se constituyeron como firmas independientes. Siemens AG, sin embargo, aún es el accionista mayoritario de Siemens Energy con el 45% de las acciones, aunque aspira a reducir el paquete al 35% en el corto plazo.

Antes del ‘spin-off’ de sus divisiones de energía, algunos inversores de Siemens AG ya tenían en sus radares el conflicto del Sahara Occidental. El recelo inversor se remonta a un caso de 2012 analizado por GES Investment Services, que asesora a fondos de pensiones escandinavos.

GES se fijó en la venta de turbinas para proyectos de energía eólica a Nereva Holding (división de renovables del Grupo ONA, empresa marroquí) cuestionando si realmente tales transacciones respondían al interés, necesidades y aspiraciones del pueblo Saharaui. El argumento de Siemens siempre ha sido que todo es legal y que además beneficia a la población local.

El conflicto resurge en la junta de accionistas de Siemens en 2018

El asunto reapareció en 2018 y años sucesivos en la junta general de accionistas de Siemens AG, cuando la Asociación Alemana de Accionistas Críticos presenta una resolución cuestionando de nuevo la venta de turbinas.

La Asociación alemana argumenta que la electricidad que se genera con las turbinas, aunque limpia en términos medioambientales, alimenta a la industria del fosfato que lleva a cabo la empresa pública marroquí Office Chérifien des Phosphates. El fosfato se extrae en el Sahara Occidental, donde existe una de las reservas más grandes de este mineral en el mundo.

Otros ejemplos se pueden encontrar en los casos de la firma canadiense PotashCorp (Nutrien desde 2018), la Australiana Incitec Pivot y la americana FMC Corporation que entre 2011 y 2013 fueron excluidas del fondo soberano noruego y de los fondos de pensiones suecos AP por sus compras de fosfatos en el Sahara Occidental. 

En 2016 varios fondos de pensiones canadienses respaldaron una proposición presentada en la junta de accionistas de PotashCorp pidiendo un análisis de los riesgos de exposición por operaciones en el Sahara Occidental. Casi un 30% de accionistas votaron por la moción, entre ellos British Columbia Investment Management Corporation, Canada Pension Plan Investment Board y Ontario Teachers’ Pension Plan.

El fondo soberano noruego, a través de su Consejo de Ética que es el organismo que gestiona las exclusiones, reinstauró a Nutrien (antes PotashCorp) en 2019 cuando cesaron sus importaciones de fosfatos. La firma del Nasdaq Innophos Holdings también se vio excluida del universo de inversión de varios inversores escandinavos por la misma actividad.  

También en el Reino Unido el plan de pensiones británico National Employment Savings Trust excluyó en 2017 de sus fondos éticos a la escocesa Cairn Energy y a su partner tejano Kosmos Energy por su exploración de petróleo en la costa del Sahara Occidental. 

La explotación de los recursos naturales (incluyendo los renovables) del Sahara Occidental, que ha preocupado principalmente a inversores nórdicos desde el principio de la pasada década, ejemplifica el potencial choque entre los tres factores ESG.

Mientras tales fricciones continúan, se puede apreciar en este choque una dimensión diferente de la “Transición Justa” a la que ya hacía referencia el Acuerdo de París.

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