Por qué la bolsa aplica la presunción de inocencia a los consejeros del IBEX imputados por Villarejo

Uno de los puntos débiles que el mercado suele atribuir a las empresas cotizadas en la bolsa española es la baja calidad de su gobierno corporativo. Una sensación que no decae a medida que las investigaciones relacionadas con el caso Villarejo van salpicando al IBEX.

Con la imputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, y varios ejecutivos de la compañía entre ellos su mano derecha Francisco Martínez Córcoles, ya son tres las empresas del IBEX que cuentan con consejeros imputados en las investigaciones alrededor de las presuntas escuchas ilegales del ex comisario.

Y todas ellas entran dentro del grupo de los quince pesos pesados del principal índice español; algo que -a primera vista- lanza algunos interrogantes sobre reputación.

Antonio Brufau, presidente de Repsol e Isidro Fainé, vicepresidente de Telefónica, comenzaron a ser investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado 15 de abril.

Ambos siguen en su puesto -y parece que sin ninguna intención de abandonar su cargo- y Fainé también es presidente de honor de Naturgy (un cargo al que sí renunció Francisco González, ex presidente de BBVA cuando fue imputado) y de Criteria y Fundación La Caixa, principal accionista de Caixabank.

Este jueves, el consejo de Iberdrola daba su respaldo a Ignacio Sánchez-Galán, que ateniéndose al código ético de Iberdrola debería haber puesto su cargo a disposición del mismo.

Con el respaldo, el consejo ha ligado su suerte a la evolución del caso y uno de los temas críticos es que se juega que la independencia del conjunto del órgano de gobierno respecto al presidente quede cuestionada.

El consejo de la eléctrica cuenta con 10 consejeros independientes; es decir un 71% del total. Aunque el peso de los independientes está por encima de las recomendaciones, desde el punto de vista de gobierno corporativo, la concentración de poderes en Sánchez-Galán no es la mejor política posible. De hecho, es algo que rechazan los asesores de voto y también algunos de los grandes inversores ESG.

A corto plazo, sin embargo, puede ser complicado valorarlo si la bolsa no es dura con la compañía -y por ahora no lo está siendo- porque Iberdrola acaba de celebrar su junta de accionistas y la ha pasado sin mácula ni oposición por parte de los asesores de voto y el capital; aunque se llevó a cabo antes de la imputación de Galán.

Una alternativa para castigar la falta de independencia del consejo es votar en contra de su gestión en la junta

Es poco habitual, pero uno de los avisos más ‘duros’ que podría recibir el consejo de Iberdrola o del resto de cotizadas que cuentan con ejecutivos claves imputados, es un rechazo a la gestión del consejo, que se produciría con un voto en contra del informe de gestión.

Aunque no existe una norma escrita, parece complicado que los ‘proxy’ respaldaran las reelecciones de consejeros imputados, pero, es complejo de valorar porque se votan cuando tocan; es decir, cada cuatro años.

Si la falta de independencia fuera muy evidente, y los consejeros no tuvieran que presentarse a examen, ese podría ser el camino para mostrar rechazo, pero ya habría que esperar a 2022, porque todas las implicadas ya han celebrado sus juntas esta temporada.

En el caso concreto de Galán, no se someterá a una reelección hasta 2023.

La imputación, ¿neutral en mercado?

A pesar de que se considera que los intangibles representan hasta un 80% del valor de las empresas cotizadas, la realidad es que estas imputaciones -y su hipotético daño reputacional- están teniendo una escasa repercusión en bolsa; algo que da ‘confortabilidad’ a todas las compañías salpicadas.

Iberdrola, aunque cuando se conoció la imputación el miércoles, vivió su peor sesión en todo 2021, con una caída del 3,56%, se recuperaba parcialmente el jueves con un ascenso del 0,43%.

La evolución de Repsol y Telefónica desde la imputación de Brufau y Fainé está totalmente alineada con la del IBEX. Repsol suma un 5% desde entonces y Telefónica un 5,3%, mientras que el principal índice de la bolsa española se anota un 5,6%.

Los inversores todavía son muy dependientes de los factores financieros, que priman sobre la gobernanza

Fuentes consultadas relacionan la poca sensibilidad del mercado a las controversias de gobierno corporativo con la falta de madurez de la inversión responsable y la todavía ‘gran’ dependencia de los inversores de los factores financieros y de sus buenas relaciones con los equipos ejecutivos.

A pesar del gran boom que está viviendo la ESG, la mayoría de inversores prima el conocimiento del equipo directivo y su gestión histórica -algo especialmente claro en el caso de Galán- y temerían más al impacto de un relevo, que al daño reputacional en sí mismo.

La impunidad que tienen los inversores a la hora de retratarse a través de su voto en junta, es otro factor que provoca que incluso aunque los ‘proxy’ se opongan o sean críticos, los institucionales puedan seguir apoyando a los consejos cuestionados sin sonrojarse.

En España, hasta la entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital esta primavera, la legislación de alguna manera desincentivaba que los accionistas institucionales votaran en las juntas ‘desnudando’ -y comprometiéndose- con su posicionamiento, ya que no había ninguna obligación de aportar información si no se contaba con una participación de al menos un 1%, controlada durante un año, en una cotizada.

El crítico intangible de la reputación

Los supervisores no son ajenos a lo relevante que es la reputación; algo que parece contradictorio con el creciente número de consejeros de empresas relevantes que están siendo investigados por la Justicia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo incluyó en su última revisión del código de buen gobierno, haciendo una referencia expresa a las investigaciones judiciales.

«Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta y, en particular, que los obliguen a informar al consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales», recoge el documento aprobado el año pasado.

El código de buen gobierno pide a las cotizadas que informen y evalúen los casos de imputación

Pero la CNMV pide algo más que el deber de información. «Habiendo sido informado o habiendo conocido el consejo de otro modo alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, examine el caso tan pronto como sea posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decida, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese», señala.

Para que sea una buena praxis, habrá, además, que hacerlo público. «Y que se informe al respecto en el informe anual de gobierno corporativo, salvo que concurran circunstancias especiales que lo justifiquen, de lo que deberá dejarse constancia en acta», indica.

Para ello -igual que para conocer la actitud de los asesores de voto- también tendremos que esperar a 2022.