La imputación de Galán destapa las pobres políticas anticorrupción de los grandes inversores

Accionistas de referencia de Iberdrola, como Blackrock o Norges Bank, exigen compromisos a sus participadas en materia de buen gobierno, pero son poco transparentes sobre cómo castigar las faltas en gobernanza

Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola

La imputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente y CEO de Iberdrola, por diversos presuntos delitos ligados al espionaje del excomisario José Manuel Villarejo ha abierto una nueva brecha en la reputación de las empresas cotizadas españolas, de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura.

Galán es el ejecutivo con mayor rango de una de las grandes empresas del IBEX -la que más peso tiene en el selectivo- que se enfrenta a la Justicia en pleno auge de la inversión bajo criterios de responsabilidad no solo medioambiental, también social y de buen gobierno corporativo.

Y en el accionariado de Iberdrola están firmas como Blackrock o Norges Bank, que configuran sus inversiones en torno al cumplimiento de criterios ESG. Sin embargo, estas firmas no son totalmente transparentes a la hora de desvelar cuáles son sus pasos concretos a dar en caso de la que G de la ESG se vea dañada.

Las grandes del IBEX empañadas por Villarejo

Antes que Sánchez Galán ya estaban bajo la lupa -también por los presuntos contratos al excomisario- presidentes no ejecutivos, como Antonio Brufau en Repsol; vicepresidentes, como Isidre Fainé en Telefónica; y exvicepresidentes, como el propio Fainé en Caixabank o Francisco González, exBBVA. Compañías que, en los últimos meses, no han sufrido demasiado en bolsa, a pesar de las imputaciones de algunos de sus principales ejecutivos

Pero el caso de Iberdrola tiene matices. Por un lado, por el calado de los delitos que se le imputan (cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil). Por otro, porque es una de las compañías con mejores notas en ESG del IBEX. Y, a partir de ahora, habrá que ver cuál es su reacción y si provoca efecto dominó en la confianza de esas firmas de las firmas de inversión que exigen responsabilidad ESG. 

Y ahí se da las circunstancia de que no existe el mismo desarrollo en cuanto la exigencia de métricas y resultados ligados al medio ambiente y a la descarbonización que en los requisitos de responsabilidad a las cotizadas en materia de buen gobierno corporativo, en caso de implicación de los ejecutivos en cuestiones legales o vinculadas con posibles casos de corrupción.

Los argumentos de Iberdrola

Iberdrola ya ha desvelado su primera carta al mostrar el respaldo del consejo a la continuidad de Sánchez Galán como presidente. También a su número dos, Francisco Mártinez Córcoles.

Como ocurrió en los casos de Repsol y Telefónica, el consejo les respalda y, en ese apoyo, está la argumentación de la compañía en el proceso judicial al que tendrá que enfrentarse su presidente y CEO y, también, su respuesta a los inversores, en el juicio paralelo de la reputación ESG

La multinacional asegura que el consejo de administración, en su conjunto, “ha actuado de conformidad con el Sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y dando traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales”. 

También que la investigación interna de la empresa “no ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del Consejo de Administración ni de la Alta Dirección”.

En resumen, que la compañía está “colaborando con la Administración de Justicia” y está cumpliendo con las “obligaciones establecidas en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad de la Sociedad y en las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas”.

Un accionariado atomizado

En el caso de Iberdrola hay que tener en cuenta que no tiene un accionariado de núcleo duro. No hay un gran accionista de referencia, ni dos, que tengan el poder en la empresa.

Al contrario, es una empresa con un capital diversificado. Y, en él, están presentes firmas que exigen responsabilidad en materia ESG, pero que parecen inclinarse más hacia la E de ‘environment’ que a la G de ‘governance’. 

Los dos principales inversores en el capital de Iberdrola son Qatar Investment Authority, con casi el 8,7% del accionariado; y Blackrock, con el 5,25%, según los registros que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Son los dos únicos accionistas que controlan más de un 5% del capital. Por detrás, con menos de un 3%, están gestoras y firmas de inversión que incorporan criterios ESG en sus carteras, como Natixis y Société Générale, según consta en la CNMV. Y, también, Norges Bank, el fondo soberano de Noruega y uno de los inversores más activos en ESG.

Precisamente, Norges acaba de dar un pequeño paso atrás en el accionariado de Iberdrola. Lo ha hecho de forma previa a la imputación de su presidente y CEO, aunque ésta ya le sobrevolaba. 

Este pasado 21 de junio, sólo dos días antes de la imputación, rebajó su participación del 3,11% al 2,99%, según los datos que recoge el supervisor del mercado. 

¿Qué pueden exigir sus inversores ESG?

En casos como Blackrock o Norges sus estrategias de inversión conllevan el cumplimiento de claros compromisos ESG y en ambos casos publican su exigencia de requerir actuaciones y modelos de negocio que eviten, por ejemplo, casos de corrupción.

El gigante estadounidense de la inversión apunta que, desde el pasado año, es una de las firmas de inversión signatarias del UN Global Compact, que exige alinear las operaciones no sólo con criterios medioambientales o el respecto con los derechos humanos, también evitar prácticas que puedan considerarse corruptas. Además, indica que se reúne periódicamente con las empresas en las que invierte para ver si sus exigencias se siguen.

Norges Bank también sella esta propuesta de Naciones Unidas y, en sus principios de inversión responsable recuerda que Global Compact insta a las empresas a evitar actuaciones de soborno, extorsión o cualquier otra forma de corrupción, también a acelerar políticas y programas concretos que hagan frente a estos comportamientos. 

“Mientras que las leyes anticorrupción y su aplicación son responsabilidad de los gobiernos nacionales, los principios internacionales para una conducta empresarial responsable reconocen el relevante papel que desempeñan los consejos de administración de las compañías de cara a establecer una política corporativa anticorrupción, así como seguimiento de la implementación y eficacia de los programas anticorrupción”, explica Norges Bank al detallar sus principios ESG.

“Apoyamos la opinión de que la política anticorrupción es un consejo de administración responsable”, recalca.

Norges, además, es muy crítico con la concentración de poderes ejecutivos en un presidente y consejero delegado y, ese es, precisamente, el caso de Iberdrola.

Habrá que esperar para ver si la imputación de Sánchez Galán lleva a Norges Bank y a otros inversores a replantearse sus movimientos en Iberdrola o si, en esta ocasión, queda patente la falta de criterios globales en materia de buen gobierno. 

La ONU alumbra un hoja de ruta contra la corrupción empresarial

De momento, Naciones Unidas lanzó hace unos días una guía de actuación corporativa para que las empresas pongan en marcha actuaciones, análisis y revisiones para evitar que se desarrollen prácticas ligadas a la corrupción.

En su informe, la ONU critica que, tradicionalmente, la actuación de las empresas en materia de corrupción se ha basado en poner en marcha prácticas de ‘compliance’ y de gestión interna. 

Sin embargo, considera que es más útil y que da mejores resultados poner en marcha lo que denomina ‘Acción Colectiva’. Básicamente, unir fuerzas con sus principales ‘stakeholders’, tanto accionistas, como asociaciones o instituciones internacionales que deriven, también, en una supervisión y certificación externa.

En este caso, según estas recomendaciones de la ONU, no se trataría tanto de dejar la buena gobernanza en materia de corrupción en manos de los consejos de administración, sino que estos, así como los diversos comités (ejecutivos, de supervisión, etc.) colaboren con los diferentes ‘stakeholders’ y evalúen y monitoricen las diferentes eslabones corporativos.

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