Iberdrola. Nulo castigo en gobierno corporativo por el fichaje de Antonio Miguel Carmona

La relación del IBEX con la política es larga, pero complicada de cuestionar desde el punto de vista del gobierno corporativo cuando se trata de fichar directivos para sus filiales, aunque sean vicepresidentes.

El polémico fichaje de Antonio Miguel Carmona por Iberdrola España es irrelevante para los grandes proxy, dado que no afecta al consejo de administración de la cotizada, por lo que nadie lo evaluará en gobernanza. La patata queda, por tanto, en el análisis individual que realice cada accionista y en el propio dictamen de la bolsa.

Y, a primera vista, Iberdrola no ha sufrido un castigo excesivamente duro por su nueva incorporación. Las críticas que desde el socialismo y otras formaciones de izquierdas, como Más Madrid, se deslizaron a primera hora del lunes, no preocuparon demasiado a la bolsa.

De hecho, Iberdrola, aunque con timidez, arrancó el día en positivo en el parqué, aunque finalmente cerró la jornada con un descenso de alrededor un punto porcentual.

Los inversores pudieron entender en un primer momento que la llegada de Carmona a la vicepresidencia de la filial española podría facilitar de alguna manera que se relajen las tensiones entre el Ejecutivo y la eléctrica, que ha sido una de las compañías penalizadas por el Decreto, en el que se fuerza al sector a devolver beneficios para paliar el impacto de la subida del precio del gas en la factura eléctrica.

Sin embargo, la negación del PSOE, cuya portavoz, Eva Granados, lo tachó el lunes de mero «militante de base» está haciendo dudar que con la llegada del socialista a la primera compañía del IBEX se puedan calmar las aguas.

Sin examen público

Dejando de lado la bolsa, el cariz sobre el gobierno corporativo podría ser distinto si la compañía -entendida como el grupo cotizado- que preside Ignacio Sánchez-Galán hubiera fichado al socialista para su consejo de administración.

En este tipo de designaciones, los proxy sí que se pronuncian, aunque no existe ninguna política escrita sobre qué hacer con las puertas giratorias.

En términos generales, en aquellas compañías en las que el Estado no participa en el capital, los asesores de voto suelen valorar tanto la cualificación del consejero, como que su designación cumpla con los criterios de buen gobierno que se exige a las cotizadas. El peso de los independientes o la diversidad son algunas de las razones por las que se han opuesto a la designación de consejeros este ejercicio.

Por ejemplo, una de esas razones ha sido la que provocó el significativo rechazo a la inclusión de Eduardo Serra en el consejo de Pharmamar.

El ex Ministro de Defensa vio como su designación como consejero con la categoría de «otro externo» recibía la oposición del 22 por ciento del capital en la junta de este año. Pesó negativamente que el nombramiento no se aprovechara para incrementar el peso de los independientes en el órgano de gobierno.

La designación de Serra para el consejo de Pharmamar fue rechazada por un 22% del capital

Pharmamar, de hecho, es una compañía con un consejo con una elevada presencia de ex políticos y ministros. No solo está sentado Eduardo Serra, sino también Ana Palacio y Carlos Solchaga.

Sin embargo, los proxy no se pronuncian cuando se trata del fichaje de otro rango de ejecutivos que no forma parte del consejo -son nombramientos que no pasan por la junta-, de manera que es muy complicado que se pueda plantear un conflicto de gobierno corporativo con los accionistas.

Salvando las distancias por su distinta carrera política, el Banco Santander, por ejemplo, también cuenta con una ex política como vicepresidenta de su filial española, como es Isabel Tocino. Su designación para esta responsabilidad no requirió de validación, ni por parte de los asesores de voto y de los accionistas.

Velar por la no injerencia del Estado

Iberdrola o el Banco Santander son compañías privadas, en las que no participa el Estado, por lo que los nombramientos de ex políticos para sus consejos o puestos directivos pueden crear menos suspicacias que cuando se fichan para compañías donde la participación del Estado es elevada.

En esos casos, los proxy son especialmente cuidadosos para que las designaciones no quiten ‘poder’ a los minoritarios. «En España, en los casos que conocemos, la influencia del Estado en el gobierno corporativo ha sido perjudicial para los accionistas minoritarios», valora Juan Prieto, fundador de Corporance, el asesor de voto español integrado en la red europea Proxinvest.

El ejemplo más reciente es del Indra. La presión del mercado habría cambiado los planes iniciales del Ejecutivo, que habría preferido en un principio que Marc Murtra hubiera heredado la presidencia ejecutiva.