El código de conducta de Iberdrola obliga a Galán a poner su cargo a disposición del consejo tras su imputación por Villarejo

El reglamento de la compañía establece que se haga "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este miércoles la imputación del presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos ilícitos contratados al excomisario de policía José Manuel Villarejo.

Tras esta decisión, Sánchez Galán está obligado a poner su cargo a disposición del consejo de administración de la compañía energética, según recoge el reglamento de conducta del órgano de dirección de la multinacional española.

En concreto, establece que, cualquier consejero, debe hacerlo «cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del Grupo».

También, «cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia Sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta», según refleja el citado documento.

Los antecedentes de Repsol y Telefónica

Que esté obligado a presentar su dimisión no conlleva que esta sea aceptada, dado que lo previsible es que el órgano de dirección le muestre su respaldo mientras el proceso judicial sigue su curso.

Así ha ocurrido en otras empresas del IBEX, con situaciones similares, como Telefónica o Repsol.

Esta última, por la imputación -también por presuntos encargos a Villarejo- de su presidente, aunque no ejecutivo, Antonio Brufau. En el caso de la operadora de Telecomunicaciones, por la imputación de su vicepresidente, Isidre Fainé, que además presidente de Criteria y ex presidente de Caixabank.

En una situación con similitudes también se encontró BBVA, de nuevo por los encargos al excomisario de policía, que obligó a Francisco González a dejar la presidencia honoraria de la entidad financiera.

El caso de Iberdrola es significativo porque se trata del primer ejecutivo de la compañía energética, ya que no cuenta con una separación de poderes entre presidente no ejecutivo y consejero delegado. Sánchez Galán aúna ambos cargos.

Una falta de separación de poderes que es criticada, normalmente, por los asesores de voto, los ‘proxy advisor’ que instan a las cotizadas a un reparto de roles.

Sin renovación de su cargo hasta 2023

En este caso, la Audiencia Nacional también ha imputado a Francisco Martínez Córcoles, director General de los Negocios (Business CEO) de Iberdrola y actual número dos en la línea de sucesión de la compañía energética.

A la espera de saber cuál será la decisión del órgano de dirección de Iberdrola, la compañía no tiene por delante una junta de accionistas en la que tenga que dar explicaciones a sus inversores por la actuación de su presidente ejecutivo.

Ese ‘match-ball’ lo solventó hace una semana en una junta de accionistas donde los ‘proxy advisor’ respaldaban todos los puntos del orden del día, incluida su nueva hoja de ruta en sostenibilidad.

Además, tampoco tiene que someter a corto plazo la renovación de Sánchez Galán como consejero. Su último nombramiento fue en junta de la primavera de 2019 y renovó el cargo por cuatro ejercicios.

Iberdrola es la empresa con mayor peso, por ponderación, del IBEX 35 y una de las compañías que integran el índice SOCIAL INVESTOR, por obtener las mejores calificaciones ESG.

La imputación de Sánchez Galán, directamente ligada al buen gobierno corporativo de la cotizada, puede conllevar una revisión de sus calificaciones en sostenibilidad por parte de las agencias de calificación, como MSCI, Sustainalytics o S&P.

Al cierre de la sesión de este miércoles, sus títulos se han anotado una caída de más del 3,5%, situándose en los 10,425 euros por acción. En las últimas jornadas, el valor ya se ha resentido en el parqué, reflejando el impacto de los cambios en el modelo de retribución eléctrico en España.

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