BBVA, Caixabank y la banca se aferran a lo medioambiental en plena polémica por los ERE

La banca acaba de sellar una semana clave para su futuro ESG (Environmental, Social & Corporate Governance), aunque no con igual relevancia y dirección para cada uno de estos tres componentes de una gestión corporativa responsable.

Por un lado, Santander, BBVA, Caixabank e Ibercaja se han sumado a una alianza bancaria amparada por Naciones Unidas -en la que están casi 40 entidades- y denominada  ‘Net-Zero Banking Alliance‘. Aspiran a ser el motor del sector financiero en el impulso de la descarbonización de cara a 2050 y con la meta de ser uno de los actores más activos de la COP26 de noviembre.

Por otro, mientras ese componente medioambiental de la ESG gana cada vez más peso y más relevancia para las entidades, el social -el ligado a la gestión de sus plantillas y a su propia reputación- ha vivido un serio revés con el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en BBVA de 3.800 personas, comunicado sólo unos días después de que Caixabank hiciera un movimiento similar, pero de más de 8.000 personas en el que se perfila como el mayor ERE de la historia de España (crisis financiera incluida), fruto de la absorción de Bankia.

La tensión interna de su actividad

En total, cerca de 12.000 despidos que se producirán después de los anunciados por Santander el pasado año y en espera de que aún haya más fusiones bancarias, como la unión pendiente de Unicaja y Liberbank, que va a ampliar la presión sobre unas plantillas que lleva una década en continua fase de reajuste.

Sin duda, ambos recortes de empleo suponen un duro golpe para la reputación de las entidades, que es algo que trata de preservar la ESG. Aunque no sea del mismo sector -y también arrastre sus propios recortes de plantilla a sus espaldas- el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, aseguraba  este viernes en la junta de la ‘teleco’ que las compañías tienen “liderar con el ejemplo”. 

Ejemplar o no, lo cierto es que las entidades financieras desarrollan su negocio en un entorno, cuanto menos, tensionado.

Una realidad donde la sostenibilidad de su actividad en el medio y largo plazo convive con la exigencia de ratios de capital que atan en corto sus estados financieros, casi cinco años de tipos de interés negativos sin visos de cambiar y los continuos llamamientos del Banco Central Europeo (BCE) a las fusiones. Hechos que no siempre encuentran equilibrio con el beneficio social. 

A eso, argumentan, suman una realidad social donde las sucursales pierden relevancia, dado que los clientes se han acostumbrado a realizar las operaciones desde sus pantallas personales -sea ordenador o aplicaciones móviles- y donde nuevos actores, como los gigantes tecnológicos, vislumbran su futuro en la banca sin someterse al mismo grado de regulación.

Mitigar el impacto reputacional

Al margen del mar de fondo de esos expedientes de regulación de empleo, ambas entidades se han comprometido a gestionarlos ‘con guante de seda’. No buscan despidos unilaterales, sino pactados con los representantes de los trabajadores y mitigar así el impacto en su reputación social. 

En este sentido, el BBVA argumentó a su plantilla a la hora de comunicar el recorte de empleo que, junto a los representantes de los trabajadores “buscarán fórmulas que permitan minimizar el impacto en el empleo”. También, que el banco aborda “este proceso con actitud dialogante, con el compromiso de guiarnos por criterios de objetividad y con la voluntad de llegar al mejor acuerdo posible para todos”. 

Una vocación de aunar el acuerdo con la exigencia de reducir su estructura que llegó sólo un día después de la junta de accionistas anual de la entidad. Hace tiempo que estos encuentros entre los equipos gestores, sus accionistas y sus grupos de interés han perdido peso en lo relativo a trazar una fotografía detallada del momento en el que se encuentran las compañías.

Más aún en el último año, en el que la crisis del coronavirus a ‘virtualizado’ las juntas, distanciado físicamente a los accionistas de sus equipos gestores y evitando las preguntas -en ocasiones incómodas- de minoritarios o representantes sindicales.

Precisamente, esta última junta de BBVA tuvo un marcado componente ESG pero, de nuevo, en lo medioambiental. Su presidente Carlos Torres resaltó que el banco será neutral en emisiones, en todas sus operaciones, en 2050 y recordó que dejará de financiar actividades altamente contaminantes, como las ligadas al carbón.

En cambio, en esa junta no se habló del ERE que estaba a punto de anunciarse, aunque sea cierto que el recorte llevaba tiempo atisbándose en el horizonte. 

Choque de intenciones con Calviño

Ese equilibrio entre la responsabilidad social, la reputación y la exigencia de resultados financieros se ha colado, además, de lleno en el terreno político y en la bancada azul del Congreso de los Diputados. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aprovechó la Sesión de Control al ejecutivo para enfatizar su incomodidad con estas decisiones de dos entidades sistémicas. 

“Hemos venido señalando que nos parecían inaceptables los sueldos y bonus pagados a los directivos de las entidades financieras”, criticó durante su intervención, poniendo el dedo en una de las cuestiones más polémicas, en este caso para la G de la ESG: si las retribuciones millonarias son compatibles con recortes de empleo para miles de trabajadores.

“Son remuneraciones que no se corresponden con la situación económica de nuestro país, y aún menos en aquellas entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas”, recalcó Calviño sólo unas horas después del anuncio del BBVA.

Es cierto que las grandes entidades bancarias -como la mayoría de grandes cotizadas- están ligando las retribuciones de sus consejos a la consecución de objetivos ligados con la ESG. Pero, también, que el modelo de sueldos de la banca para su más alta dirección lleva tiempo siendo seriamente cuestionado.

No sólo en el campo político, también los asesores de voto, los ‘proxy’ lo han colocado en la diana, pese a que en el último año las grandes entidades congelaron o rebajaron esas retribuciones como derivada de la crisis provocada por el coronavirus. 

Es lo que ocurrió en el caso de una de las entidades que, de momento, no ha entrado en esta oleada de recortes. El ‘proxy’ Glass Lewis puso en foco la retribución del nuevo consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, por disparar un 48% su salario base como primer ejecutivo. Su fijo -bonus y variable al margen- será de entrada de 2 millones de euros. 

¿Y qué opina el BCE? El regulador supranacional queda al margen de estas decisiones, pero no es ajena a los llamamientos a la contención. De hecho, justo antes de que se desatara la epidemia de coronavirus instó a las entidades a no realizar desmanes, aunque no por responsabilidad o reputación, sino porque sus exigencias de capital no permiten excesivas alegrías salariales. 

“La política de retribución variable de una entidad puede afectar notablemente a su base de capital”, aseguraba el BCE en enero de 2020.

“Cuando determinen las remuneraciones variables, incluidos los mecanismos de ajuste y reintegro de retribuciones, el BCE les recomienda aplicar medidas coherentes con una trayectoria conservadora hacia la plena implementación de los requisitos de capital”, aseveró.

De momento, habrá que esperar para ver si Christine Lagarde o su vicepresidente del BCE, el exministro de Economía Luis de Guindos, entran en los próximos días a valorar una de las cuestiones que marcará el futuro de la banca española y de su ESG.