Banco Santander. La regulación frena el adelanto de sus planes de descarbonización

Con la taxonomía sin cerrar, José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad, ve complicado publicar una hoja de ruta más específica antes de la junta de 2022, como le exige el activismo

Puzle de múltiples piezas. Así es como describió este miércoles José García Cantera, director financiero del Banco Santander, la maraña regulatoria en la que está inmerso el sector financiero y que complica que el primer banco español pueda adelantar a marzo de 2022, antes de la celebración de su junta de accionistas, su hoja de ruta hacia la descarbonización, como le está exigiendo el activismo.

La incorporación de la entidad que lidera Ana Botín como miembro fundador de la Net-Zero Banking Alliance (BBVA, Caixabank, Ibercaja y Abanca también forman parte del grupo) ha convertido al banco en uno de los objetivos de los inversores más implicados en temas medioambientales.

En su campaña más reciente, coordinada por ShareAction y que aglutina a inversores que controlan 4,2 billones de dólares en activos y entre los que se destacan Aviva, Fidelity, M&G Investments o EOS en Federated Hermes, se insta a los bancos integrados en la alianza a que presenten antes de la junta de 2022 objetivos más concretos en materia de descarbonización.

En concreto, han pedido una mayor visibilidad sobre cómo se va a reducir exposición a los sectores con mayor volumen de emisiones, como el petróleo y el gas y la energía o los servicios públicos, así como a aquellos a los que cada entidad esté más expuesta.

José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander, reconoció durante la presentación de resultados del primer semestre, que aunque la entidad trabaja para poder publicar cuanto antes una hoja de ruta más específica, los intensos cambios regulatorios que están sobre la mesa complican poder definir la hoja de ruta alineándose con la regulación y con el calendario que están exigiendo estos accionistas.

«La taxonomía todavía está sin desarrollar, y tenemos por delante el ‘green asset ratio’ y un test de estrés climático», recordó Álvarez. «Aunque nuestra intención es adelantarlo todo lo posible, sin la definición de la taxonomía, que se espera para el primer y segundo trimestre del año, no tendría sentido avanzarlo», explicaron los ejecutivos del Banco Santander. «Todo debe encajar», especificó Cantera.

18 meses a partir de abril

Las entidades adheridas a la Net-Zero Banking Alliance se han comprometido a establecer una hoja de ruta en los 18 meses posteriores a la adscripción al grupo, que se produjo en abril, aunque el Santander ya había avanzado que ofrecería un mapa más claro antes de septiembre de 2022 sobre cómo iba a afrontar la descarbonización de su cartera.

«El grupo fijará objetivos de descarbonización para otros sectores relevantes a más tardar en septiembre de 2022, como los de petróleo y el gas, transporte, y minería y siderometalurgia», explicó en febrero.

Ese mes, el banco avanzó «su ambición» por ser cero emisiones netas en 2050 y ya puso sobre la mesa una serie de objetivos concretos, como haber dejado de ofrecer en 2030 servicios financieros a clientes productores de energía, cuya generación de ingresos dependa en más de un 10% del carbón térmico.

También se comprometió a eliminar para esa misma fecha su exposición a la minería de carbón.

BBVA, más visibilidad antes de 2022

El BBVA, sin embargo, sí espera anunciar antes de que finalice el ejercicio objetivos más concretos que los publicados hasta el momento.

Este mismo julio, tras elevar su meta en financiación sostenible de 100.000 a 200.000 millones hasta 2025, la entidad que preside Carlos Torres anunció que a lo largo de 2021 iría publicando «sus planes y objetivos para acompañar la descarbonización de sus clientes en todos los sectores intensivos en emisiones de CO2».

En este grupo se incluye, además de al carbón, al petróleo, el gas, la automoción, la siderurgia, el cemento y el transporte, que, según sus cálculos, generan dos tercios de las emisiones mundiales.

Previamente, en marzo, se había comprometido a dejar de financiar el carbón en 2030 dentro de las economías desarrolladas; y en 2040, en el caso de las emergentes.

En concreto, cerrará la financiación a aquellos clientes con una base de ingresos procedente del carbón por encima del 5%.

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